Diana Serrano y colectivo de mujeres piden justicia y revisión de denuncia por abuso sexual

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Con el apoyo de Colectivos de mujeres del país y del Azuay, en Azogues, se pide a las autoridades judiciales del Cañar retomar la revisión del caso de abuso sexual en contra de Diana Serrano, y la respectiva sanción administrativa para funcionarios que no administraron justicia.

La información lo dio Diana Serrano Vélez, médico del Hospital Homero Castanier, acompañada de las representantes de diversos colectivos, entre ellos Sonia Zalamea, representante de la Red de familias de víctimas de femicidio del Azuay, Irene Pesántez, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fabiola Landívar del Cabildo de Mujeres del Azuay, y Cristina Almeida, representante del colectivo 8M Nina Warmi, además representantes de Mujeres por la Democracia y Mujeres con Voz.

La denunciante asegura que fue violentada por el ex director de esta casa de salud, ante esto el 15 de agosto de 2017 denunció administrativa y penalmente al funcionario, los dos procesos se llevaron en las entidades de justicia de Azogues, la coordinación zonal 6 de salud, archivó el sumario administrativo, con la presunción de inocencia del vinculado, sin embargo se apeló ante el Ministerio de Salud Pública quien destituyó al mismo.

Además en rueda de prensa, la presunta víctima manifiesta que en el ámbito penal e investigación fiscal se llevó el caso con irregularidades, como maltrato a los testigos, invalidación de pruebas contundentes incluso el argumento de que el acto de acoso duró pocos segundos por lo que se pide revisar el caso.

“Estoy aquí porque quiero evidenciar el manejo irresponsable de la justicia de la provincia del Cañar, porque lo que me sucedió a mí también puede ocurrir con sus hermanas, madres e hijas”, expresó Diana Serrano.

Narra su historia de acoso. “El 15 de agosto de 2017 fui violentada sexualmente por el en ese entonces director del hospital Homero Castanier Crespo, quien venía acosándome desde meses atrás, valiéndose de mi necesidad de trabajar, me atreví a levantar la voz , pensando no solo en mí y en el infierno que venía viviendo; sino porque considero que es mi obligación dar a conocer lo sucedido para evitar que le ocurra a alguien más, pero hoy debo evidenciar la manipulación de los procesos a favor de los agresores dejando a las víctimas en total indefensión”, sostiene.

Señala que desde el inicio la fiscalía trató su caso sin el menor interés, menospreciando las pruebas y maltratando a sus testigos, tratando, inclusive de cambiar los relatos, actos que fueron denunciados al Consejo de la Judicatura desde el 12 octubre de 2017 esperando el seguimiento pero sin obtener respuestas.

“Me sometí a una valoración psicológica pericial, dictada por la propia fiscalía en donde se concluye que me encontraba afectada psicológicamente por la agresión que padecí la cual continúa perturbando, emocional, social, laboralmente en mi vida, este informe también despreciado por la fiscal de género quien solicita se archive la causa, argumentando que el tocamiento duró pocos segundos, situación que mal puede llevar a una satisfacción con ímpetu sexual y que mal podríamos hablar de delito sexual, es decir que el delito duró poco tiempo como para que pueda ser llamado abuso”, señala.

El requerimiento fue negado por el juez quien devuelve el expediente al fiscal provincial del Cañar para que luego continúe con las investigaciones; sin embargo este se ratificó en el archivo de la causa el 2 de febrero del 2018, situación que también fue puesto en conocimiento del Consejo de la Judicatura, asegura.

Estas actitudes sorprenden a la denunciante que con los resultados donde se admite que el delito se consumó y no se procedió por lo menos con la sanción administrativa.

Ahora las autoridades han cambiado y espero que para las personas que denuncien se les trate diferente. “No puede ser posible que la justicia dé la razón a quienes violentan y a las víctimas se les culpabilice y hasta se minimice el delito especialmente cuando el agresor es padre de los funcionarios más importantes de la Fiscalía General de aquel entonces.

Tanto se ha naturalizado la violencia sexual en esta provincia que hace un mes un funcionario de la salud violó a una pasante de esta ciudad, sin la menor vergüenza, víctima que tiene nuestro respaldo, dijo.

Para la profesional de la salud, como víctima, el Estado quedó debiendo “y por eso pediré oficialmente al Consejo de la Judicatura un informe detallado de las acciones tomadas frente a mi denuncia para entender cómo es que un peligroso acosador anda libre”, dijo.

También, expresó que todas las personas que le apoyaron y no cedieron ante las presiones de altos mandos fueron perseguidas, cambiadas de puesto y desvinculadas de la fiscalía, “cómo esperamos que las víctimas denuncien y los testigos declaren si no confiamos en este sistema de justicia, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, hago público mi caso para que la ciudadanía entienda la gravedad del asunto y que nos unamos para protestar, hasta que la justicia sea transparente dijo.

“Quiero vivir sin miedo, que mis hijas crezcan libres, que no hayan más niñas, niños y mujeres abusados, que los funcionarios de la justicia dejen de ser cómplices de este sistema y se limiten hacer el trabajo para el que están llamados” expresó con su voz entrecortada por el llanto.

Irene Pesántez, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, dijo que siempre el silencio de las mujeres ha sido el garante de la complicidad en casos como este.
Muchas no denuncian por miedo y desconfianza especialmente en la justicia.

Sonia Zalamea, representante de la Red de víctimas de femicidio del Azuay, manifestó que hemos venido desde el Azuay para levantar la voz ante tanta injusticia, narró la muerte de su hija en manos de la delincuencia y el machismo. En Cuenca actúa la Defensoría del Pueblo y apoya estos casos. Pero vemos que en Cañar, algo pasa con la justicia, Diana ha sufrido re-victimización, dijo.

Mientras que María Fernanda representante del colectivo de mujeres de 8M Nina Warmi, de Quito, manifestó su apoyo a Diana Serrano por su valiente denuncia a la agresión que sufrió, “es necesario que tomemos conciencia que el caso de Diana es un caso aislado, es uno de tantos que no han sido denunciados y de otros han quedado impunes”.

Hizo un llamado a las mujeres que sufren cualquier caso de agresión que denuncien que no están solas sino que recibirán el apoyo psicológico y legal de parte de los colectivos de mujeres. (MCP)(I)