Edificios judiciales

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El tema de los sobreprecios en obras ejecutadas por la pasada administración, edificios supuestamente sobredimensionamiento, fallas en algunas construcciones, abuso de las declaratorias de emergencia para contratar obviando los requisitos y trámites para el efecto, son algunas de las prácticas utilizadas, según investigaciones al respecto, por diversos organismos públicos en la década del Correísmo, y que al parecer se verían corroboradas en el caso de los edificios construidos para la Función Judicial, de acuerdo a las investigaciones que se dieron a conocer de parte del Consejo de la Judicatura transitorio, cuyos integrantes ofrecieron a la ciudadanía algunos detalles de estas obras en el régimen pasado.

Varias de ellas ofrecen claros indicios de sobreprecio, porque de acuerdo a las variaciones en los costos de las obras, se advierte que subieron en su cálculo en un porcentaje significativo, cuando construcciones similares tendrían precios apreciablemente inferiores. También se habría construido locales para la administración de la justicia con capacidad excesiva respecto a la afluencia de usuarios y la nómina de empleados y funcionarios judiciales, sobre todo en cantones que no ameritaban edificios del tamaño y capacidad que se construyeron.

El abuso de las declaratorias de emergencia para obras públicas se habría evidenciado también en estas construcciones para la administración de la Justicia, que como en el caso de obras de vialidad, planteles educativos y un sinnúmero de ejecuciones del sector público, se construyeron mediante la asignación de los proyectos a empresas que no pasaron por los trámites normales estipulados por la respectiva ley para las ejecuciones gubernamentales y, en general, del sector público.

Esta utilización injustificada de las emergencias, según las denuncias al respecto, habría facilitado posibles irregularidades en los procesos de contratación. Todo esto debe ser investigado por la Fiscalía y la Contraloría General del Estado, que son los organismos que finalmente determinen si hubo irregularidades en estas obras para la Función Judicial, conforme las denuncias del Consejo de la Judicatura transitorio, y que representarían gastos no justificados en este tipo de obras.