¿Eliminar el CPCCS?

Marco Salamea Córdova

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La reciente propuesta del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (transitorio) para, a través de una consulta popular, eliminar este organismo creado por la Constitución elaborada en Montecristi ha provocado el inicio de un debate político y jurídico sobre la pertinencia de dicha propuesta.

Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mal llamado “quinto poder”, constitucionalmente forma parte de la denominada Función de Transparencia y Control Social, de la cual forman también parte la Contraloría General del Estado, las diversas Superintendencias y la Defensoría del Pueblo. Un Consejo que, según el artículo 207 de la Constitución, “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadanía, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda según la Constitución y la ley”.

De estos tres roles constitucionales, durante el régimen correista, el CPCCS no cumplió los dos primeros; por lo cual no fue ni un Consejo de participación ni un Consejo de control social, y a lo único a lo que se dedicó fue a la designación de las autoridades del Estado que le correspondían, según los designios del Gobierno presidido por el entonces Presidente Rafael Correa; por lo que en la práctica funcionó como un mero instrumento del Estado para viabilizar el proyecto del régimen correista de concentrar el poder político; soslayando de esta forma el compromiso inicial, de la denominada “revolución ciudadana”, de despolitizar y despartidizar los órganos de control del poder público.

En el contexto de este historial del CPCCS y ante la necesidad desmontar un modelo político de tendencias totalitarias, amén de que la participación ciudadana no puede basarse en la aberración de institucionalizarla dentro del poder estatal, la eliminación del CPPCCS políticamente podría lograr un amplio respaldo ciudadano.

El debate en los próximos días será sobre todo en torno a definir el mecanismo constitucional más adecuado para realizar la consulta popular; de forma que la eliminación del CPCCS tenga no sólo legitimidad social y política, y por lo tanto democrática, sino también jurídica. De aquí el anuncio de Julio César Trujillo de plantear previamente una consulta a expertos constitucionalistas. (O)