Evaluación a Corte Nacional

Carlos Castro Riera

634

Se ha suspendido la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, pero ésta tendrá que hacerse por parte del Consejo de la Judicatura respetando el ordenamiento jurídico del Estado, ya que de acuerdo con la Constitución ningún servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones.
El art. 181.3 de la Constitución de la República, establece como una de las funciones del Consejo de la Judicatura dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción, con procesos públicos y decisiones motivadas.

A su vez el art. 264.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala como una función del Consejo de la Judicatura, nombrar y evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, jueces de primer nivel, Fiscales Distritales, agentes fiscales y Defensores Distritales, al Director General, miembros de las direcciones regionales y directores nacionales de las unidades administrativas y demás servidores de la Función Judicial.
Pero así mismo el art. 254 del mimo Código referido, precisa que el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, y en ningún caso se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de los jueces, fiscales y defensores públicos.

Por lo tanto, si bien el Consejo de la Judicatura tiene la potestad de evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, sin embargo, no debe confundir esta actividad con tratar de juzgar el fondo de las providencias, autos y sentencias de los jueces, pues aquello le convertiría, siendo un órgano administrativo, en un tribunal de última instancia, una especie de juez de jueces, y la intromisión del Consejo de la Judicatura en el ejercicio de las competencias propias de los jueces, resultaría una clara violación a la independencia interna, siendo incluso causal de juicio político.

Consecuentemente, el Consejo de la Judicatura, debe limitar la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, a la valoración del cumplimiento de sus deberes y responsabilidades tanto generales como servidores públicos, cuanto específicos como servidores judiciales, lo que implica entre otros aspectos, la observancia de prohibiciones y cumplimiento de régimen disciplinario, ejecución de funciones con honestidad, diligencia, celeridad, eficacia, lealtad e imparcialidad, trato comedido a los usuarios, participación en programas de capacitación, denuncia de hechos irregulares que perjudiquen la función judicial, cuidado y responsabilidad en el manejo de archivos y bienes a su cargo, cumplimiento de disposiciones generales aplicables de jueces reguladas en el Código Orgánico de la Función Judicial, reglas de despacho de causas, aspectos formales trascendentales de las sentencias como motivación, razonamiento, argumentación y coherencia.

Quizás ante la situación creada, sería conveniente la renuncia de los actuales miembros del Consejo de la Judicatura (T), que se nombre otro y en ejercicio de la auto tutela administrativa, el CPCCS T, le restituya la potestad de evaluación, al tiempo de determinar los parámetros técnicos integrales cuantitativos y cualitativos, con índices y puntajes claros y precisos para que se haga la evaluación. (O)