Corrupción y leyes

Los seres humanos no somos perfectos y suelen darse actos contrarios a los principios morales y a las leyes que los podemos calificar de corruptos. Lo grave es que cualitativa y cuantitativamente en los últimos tiempos se han incrementado, sobre todo en la apropiación ilícita de recursos del Estado mediante una serie de caminos y vericuetos que demuestran especial “ingenio”. La eficiencia en información intensificada en las últimas décadas nos muestra que este fenómeno negativo se da en todo el mundo –por lo menos en el hemisferio occidental- e involucra a personas de los más altos niveles económicos y políticos. En este caso necesariamente tienen que darse quebrantamiento de las normas jurídicas que merezcan sanciones establecidas.

En nuestro país, el gobierno de la década anterior ha dejado repudiables huellas tanto en número de actos corruptos como en sumas gigantescas, sin precedentes en la historia. Siempre ha habido normas jurídicas que tratan de evitarlos y sanciones para los autores, pero los “maestros” de la corrupción son expertos en no dejar huellas fáciles y manipular los principios legales, lo que se facilita con la internacionalización financiera. La corrupción merece repudio general, pero lamentablemente la impunidad de los autores es tan generalizada que debilita la credibilidad en la justicia, habiendo personas que creen que en el ejercicio del poder político es normal robar.

En estos días se trata de, mediante nuevas leyes, combatir a la corrupción. No pretendemos en este comentario analizarlas, pero creemos que todo intento bienintencionado para superar este flagelo es positivo. Creemos que es fundamental que se robustezcan los mecanismos para, por lo menos, disminuir la impunidad. Si los que perjudicaron al Estado disfrutan de estas fortunas mal habidas dentro y fuera del país, no faltan quienes “alaban” este tipo de viveza. Sería ideal que la solidez de principios sea suficiente para evitar la corrupción, pero lo real es que las leyes se robustecen si es que los autores son sancionados, ya que el temor es una fuerte motivación para el ordenamiento de la conducta. Las nuevas leyes deben tener mecanismos suficientes para evitar la impunidad.