Austeridad, ¿para quién?

Roberto Vivar Reinoso

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Cuando exigimos reducir el tamaño del Estado para alcanzar austeridad fiscal, se involucra sobre todo a la función Ejecutiva. Las restantes no se dan por enteradas como si vivieran al margen del erario nacional. Caso de la Legislatura por ejemplo que bien podría cumplir su papel con la mitad de integrantes, sin necesidad de asesores pues se supone que los elegidos conocen la realidad del país y su entorno legal; si quieren tener alguno, paguen de sus bolsillos.

Por otra parte los eufemísticamente llamados gobiernos autónomos descentralizados (GADs), también deberían incluirse en este empeño. Hasta ahora ninguna de las veintiún prefecturas anuncia planes al respecto; tampoco los 221 municipios, peor la multiplicidad de juntas parroquiales hasta donde no llegan siquiera los organismos de control. Para ellos las transferencias anuales fijadas en la pro-forma presupuestaria estatal, superan los cuatro mil millones de dólares. Cifra que disminuiría hasta el 35% si las administraciones cantonales especialmente, efectuaran autogestión cobrando los impuestos que la normativa les permite, junto a valores por obras y mejoras, según disponen sus ordenanzas. Aquí el peor óbice es la maraña legal que ralentiza los procesos incoados, unida al quemeimportismo burocrático que busca así mantener los puestos de trabajo.

Aunque tienen menores herramientas de abastecimiento propio, los regímenes provinciales tampoco aprovechan aquellas disponibles, prefiriendo vivir sólo a costa del erario nacional. Tendrían que recuperar al menos las inversiones en vialidad, mediante planillas a los beneficiarios; igual respecto al riego o programas de beneficio social. Personalmente conceptúo que sus funciones bien pueden realizar las municipalidades, inclusive las del sector rural a cargo de los concejales que lo representan.
He aquí formas de ahorro más efectivas, pero que ningún gobierno central se atreve a implementar por miedo al costo político-electoral. Lenin Moreno prefiere el endeudamiento, reducir el personal público, fusionar ministerios y varios ajustes hacia la comunidad, que pueden explicarse pero no cubren ni de lejos la abultada brecha fiscal. Además siembran la sensación de que “la cuerda se rompe por el lado más débil”.

Vienen los comicios seccionales. Quienes aspiren a los cargos en juego ofrecerán el oro y el moro: hay que creerles tal vez la mitad para no desilusionarnos como siempre, porque frecuentemente son promesas imposibles. Sin satanizar la política y sus cultores, intento alertar sobre la utilización de cualquier mecanismo para captar votos. Porque en este campo más que otros rige el axioma maquiavélico “el fin justifica los medios”. Todo esto desde la perspectiva de los candidatos. Pero también el ciudadano común debe contribuir al ahorro público nacional y seccional, cumpliendo a tiempo sus obligaciones tributarias, sin buscar subterfugios que responden a la tradicional “viveza criolla”. Consecuencia nefasta de ello son las consecutivas remisiones de las deudas al SRI, que traslucen la cultura de la morosidad arraigada en nuestro medio. Lo cual sucede solamente con el sector público, porque las entidades privadas no perdonan un centavo a sus deudores, cobrándoles el mínimo servicio. (O)