Plan de seguridad vial y trasportes seguros contribuirán a evitar accidentes

Transportistas alertan que no cualquier bus es apto para las carreteras de montaña, donde son frecuentes los accidentes. Un exjuez de tránsito pide campaña sostenida de educación vial. La vía Cuenca Molleturo es una carretera bien señalizada, pero los conductores deben cumplir estrictamente las señales: hay un solo carril de ida, hacia la Costa; para regresar, dos carriles y la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Rebasar donde no se debe y conducir a más velocidad es muy peligroso y las consecuencias pueden ser fatales, sostiene

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Los accidentes en las carreteras de montaña que unen la Sierra con la Costa o el Oriente han sido frecuentes en el país.

Transportistas alertan que no cualquier bus es apto para las carreteras de montaña, donde son frecuentes los accidentes. Un exjuez de tránsito pide campaña sostenida de educación vial.

La vía Cuenca Molleturo es una carretera bien señalizada, pero los conductores deben cumplir estrictamente las señales: hay un solo carril de ida, hacia la Costa; para regresar, dos carriles y la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Rebasar donde no se debe y conducir a más velocidad es muy peligroso y las consecuencias pueden ser fatales.
Lo advierte Fredy Mulla, exjuez de tránsito y actual juez de la Sala Civil de la Corte, a propósito de dos accidentes de carretera, en la última semana, que han dejado 36 muertos y han conmovido al país.
El magistrado remarca que, por encima de todo, los conductores, especialmente del transporte público, deben cuidar el derecho a la vida. Llevan en sus manos las vidas de 40 personas. Los accidentes han causado un drama social, apunta.
El domingo 12 de agosto, 12 personas perdieron la vida cuando un bus, que regresaba de Cuenca a Guayaquil, con hinchas del equipo Barcelona sufrió un percance, al parecer perdió los frenos y se viró. El martes siguiente, 24 pasajeros que iban hacia Quito, en un bus, desde Colombia, fallecieron en otro siniestro, en la vía Pifo – Papallacta.
Imprevisión al conducir, impericia, fallas administrativas en el control a los vehículos y hasta falta de conocimiento de las vías estarían entre las causas de estos accidentes.
Mulla subraya, que dada la conmoción social, el Estado ha tomado disposiciones administrativas como la suspensión de la empresa de transportes, pero lamenta, especialmente, que el Estado carezca de una política de formación y educación vial.
La Ley de Tránsito prescribe que debe impartirse educación vial y de tránsito en todos los niveles: se debería dar desde los primeros años de básica. El juez cree que es la única forma de, a futuro, disminuir los índices de accidentalidad.
Además de definir una política nacional de seguridad se requiere de una didáctica para enseñar los contenidos, de manera continua y persistente. La Dirección Nacional de Tránsito y el Ministerio de Educación deben unirse para implementar e impartir esta materia, obligatoria, para escuelas y colegios.
Las leyes para sancionar los delitos e infracciones de tránsito en el país son muy duras, a pesar de ello, Mulla cree no han servido, mayormente, para reducirlos.
Mesías Vicuña, secretario genera del Sindicato de Choferes del Azuay, asegura que comparten la preocupación por los accidentes en las carreteras y está de acuerdo con que la autoridad de tránsito verifique y supervise todos los permisos de las unidades de transporte, así como que los agentes de tránsito hagan controles preventivos y las revisiones mecánicas.
En esta línea, el Sindicato, en convenio con la Universidad de Cuenca, capacita a quienes serán formadores e instructores en el Sindicato, de quienes tienen que pasar una evaluación para obtener licencias tipo E y F y convocó a asistir a la escuela de manejo del gremio a sus cursos de capacitación.
Añadió que establecer penas drásticas a los conductores no tendrá utilidad si de por medio no hay la conciencia necesaria en el manejo de unidad de transporte. (AVB)-(I)

TRANSPORTISTAS: SERVICIO
SOLO EN BUSES PREPARADOS
Ramiro Rodas Barros es conductor de la alianza de transportes Atraín, que sirve a Guayaquil y alerta, como otras causas de los accidentes, inexperiencia de los conductores y uso de vehículos que no están preparados ni certificados para rutas de montaña.
La mayoría de accidentes se han dado carreteras de montaña, al descender a la Costa u Oriente, o en el ascenso; y, es frecuente escuchar que a los vehículos se le cristalizaron los frenos. Esto pasa cuando en vehículo cargado, el conductor aplica, constantemente el freno y en determinado momento, dejan de funcionar.
Los vehículos apropiados traen un ahogador, o freno de motor, adicional para “ayudar a amortiguar la bajada” y propiciar la buena conducción.
Rodas señala que un bus urbano no puede prestar servicio ni debería recibir un permiso para cubrir un destino interprovincial y recuerda que, años atrás, eran frecuentes los accidentes de buses urbanos que iban a romerías o a giras con estudiantes. Las busetas de turismo tampoco serían aconsejables.
Insta a que todo servicio se haga en autobuses homologados y que la Agencia Nacional de Tránsito vigile que nadie de servicio en una unidad que no está homologada. El bus con hinchas de Barcelona era intracantonal y se presume que el bus colombiano no tenía permiso internacional. (AVB)-(I)

LE DURA LEY
El Código Integral Penal sanciona con una pena de 1 a 3 años de prisión a quien cauce un accidente con pérdida de vidas humanas por infringir un deber objetivo de cuidado, esto es, aun por una momentánea impericia, dependiendo de las conclusiones del fiscal de Tránsito.
La inspección del lugar de los hechos si es posible, su reconstrucción, dice el juez Mulla. Y “ojalá haya habido la cadena de custodia y el resguardo del lugar de los hechos para llegar a conclusiones reales sobre los accidentes”, dice.
La pena puede subir a tres y hasta cinco años si además hubo, de parte del conductor acciones innecesarias, ilegítimas o peligrosas; por ejemplo: si tuvo conocimiento de malas condiciones del vehículo, con llantas desgastadas o si se conducía más allá de las horas programadas.
Si el conductor fuga, la Ley lo considera agravante y sanciona con la pena máxima. Y hay una sanción adicional: la suspensión de la licencia para conducir, durante seis meses, una vez cumplida la pena.
También puede sanciones sanciones tanto para el propietario del vehículo como para la empresa operadora que, si hay responsabilidades determinadas por un juez, tendrían que pagar los daños.(AVB)-(I)