Indagación judicial

Luis Ochoa Maldonado

331

En el país se clama como siempre la necesidad de aplicar de manera estricta la justicia para los casos en investigación que aluden al ex primer mandatario, sobre el secuestro del ex legislador Balda en la República de Colombia, en donde se le ha involucrado, causando lógica expectativa a nivel nacional, por cuanto se estaría tratando de una actuación desde el poder público que requiere ser evacuada con la máxima aplicación de la constitución y la ley, en donde el derecho a la defensa se la debe ejercer a plenitud a fin de establecer la verdad, que sería de inusitada importancia para garantizar el estado de derechos para todos en igualdad de condiciones.

Llama la atención que cuando se ventilan juicios a los exmandatarios, se empieza hacer aparecer de parte de los juzgados y sus partidarios una sensación de víctimas de la política, emergiendo conceptos ante la opinión pública como se tratara de casos simplemente de persecución de parte del régimen de turno, que para este asunto corresponde al del mismo partido que gobernó en los diez años anteriores al mando del precisamente acusado. Los jueces que le están administrando justicia pertenecen al staff que ingresa por concursos a la función judicial bajo el paradigma de la reforma a la justicia empeñada igualmente en el anterior régimen, que fuera publicitada a no más poder como de un precepto serio y efectivo para la paz ciudadana.

Qué mismo pasa en la credibilidad institucional del poder judicial como pilar de la democracia, es lo que está por demostrarse, en este momento crucial como en todos los eventos a su cargo en donde se tiene que actuar de manera justa sin temor ni favor, para que en el estado ecuatoriano se sienten las bases de una convivencia protegida en todos los órdenes a través las leyes en igualdad de condiciones para todos, haciendo acopio del interés superior de la democracia, en donde sí se ha cometido alguna irregularidad o no, dependerá únicamente de las evidencias que puedan demostrarse, las que permitan aplicar los criterios de jueces que en base a méritos emitan sus dictámenes, al que todos estamos obligados a respetar. De todos los modos la situación es compleja que se deriva de aparentes encubrimientos de los órganos de control, en donde el ex contralor había ocultado todo lo que ahora se destapa en la secretaria nacional de inteligencia, que debe transparentarse como fundamento para la lucha contra la corrupción, que mantiene en ascuas a la patria ante las reiteradas denuncias de manejos alejados de principios elementales de la ética pública. (O)