Gobernabilidad universitaria

Carlos Castro Riera

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La universidad como una comunidad académica de investigación, creación, innovación y reproducción de saberes, destrezas, tecnologías, conocimientos científicos, filosóficos, artísticos y culturales en general, necesita de un gobierno y administración con convicciones en los valores de la democracia.
En este sentido, la gobernabilidad universitaria entendida como el conjunto de condiciones institucionales que hacen posible la eficacia de las decisiones encaminadas al logro de los objetivos académicos debe basarse en el pluralismo ideológico y teórico de sus actores, que permita a través del diálogo, plasmarse en consensos legítimos que impulsen el desarrollo de la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad.

Sin embargo, el legado del correísmo que condujo la transformación universitaria desde el 2010, perdura en el tiempo, habiéndose impuesto un entramado de conceptos, políticas, normas, estructuras y una cultura institucional con caracteres autoritarios, autocráticos, verticalistas y excluyentes, donde el orden se basa en el temor y la subordinación reverencial de profesores, estudiantes y empleados al poder, los distintos son considerados un estorbo, al igual que la división de competencias.
En ese contexto, la concepción y práctica de la gobernabilidad universitaria que se implantó en el correísmo, se vincula a la aceptación incondicional, acrítica y sumisa de las autoridades académicas a las decisiones asumidas por la primera autoridad ejecutiva de la universidad, lo cual deriva en la visión de una universidad, pública o particular, como una empresa privada, dotada de un gerente general, gerentes, subgerentes, directores, jefes departamentales, un personal de empleados administrativos y docentes, y los estudiantes como objeto final de su trabajo.

En consecuencia, el máximo órgano colegiado de carácter académico y administrativo de una universidad deviene en un organismo que simula un cogobierno, donde no hay posibilidad de sostener tesis y criterios diferentes del rector de turno, porque a la corta o a la larga, dichas autoridades académicas, nombradas finalmente por el gerente general y representante legal, pueden ser en forma directa o disimulada removidas de su cargo, todo en nombre de la gobernabilidad. Ante ello, como sucedía en el más puro correísmo, “hay que estar en gracia de su majestad”.
Estas son verdades duras, pero verdades, y lo son desde que en el mismo correísmo se impuso en los estatutos de las universidades, la designación de las autoridades académicas ya sea en forma directa por parte de los rectores, o máximo de una terna, caso este último, en el que ni siquiera se respeta el orden en que se ha manifestado la voluntad de los docentes para conformar la misma.

Las universidades no pueden funcionar en base de premios o castigos dependiendo del grado de subordinación al poder máximo ya sea externo e interno, aquello es inaceptable, porque genera tráfico de conciencias y ello deviene en descomposición moral y ética, y fue eso, precisamente, lo que a nivel macro le ocurrió al país, cuando el poder de una persona subordinó a todas las funciones del Estado.
Por ello es necesario que, en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, se hagan los cambios necesarios, para hacer de las universidades comunidades académicas democráticas, que corresponde a la esencia de lo que deben ser las universidades, y de esa manera ser ejemplo de convivencia de la sociedad. (O)