Sentencia con la que se ordena detener el proyecto minero Río Blanco

Cuenca, martes 5 de junio del 2018, las 14h40, ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN N. 03145-18 JUEZ PONENTE: Dr. OSWALDO PAUL SERRANO ARIZAGA Cuenca, 05 de Junio de 2018. Las 14h44 VISTOS: En cumplimiento a lo señalado en el literal l) del numeral 7) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, se emite la presente resolución en los siguientes términos: PRIMERO.- FUNDAMENTOS DE HECHO.- Accede el Dr. Yaku Pérez como procurador Común de los comuneros de la parroquia Molleturo a la Administración de Justicia y afirma que: el pasado viernes 27 de abril del presente año, aparece en Diario El Mercurio un titular que dice: «Oro y Plata ya extraen de Río Blanco» y un subtítulo en la parte superior “330 toneladas de material han sido exportados hacia la China” y en el contenido se habla de que la compañía Junefield ÉcuagoÍdmining South América S.A inició la explotación del proyecto minero Río Blanco, en un territorio de 6.000 hectáreas aproximadamente que alberga humedales alto-andinos, páramos, lagunas, bosques primarios, una elevada biodiversidad en especies vegetales y animales, y las nacientes de varias micro cuencas hidrográficas, entre las que destacan Patul, Putucay, Migüir, Quitahuaycu, Chorro, Río Blanco, Canoas y Chacayacu. Para ser más precisos, el proyecto minero se encuentra dentro del bosque protector Molleturo -Moltepongo, intersecta con la zona de amortiguamiento del Parque Nacional El Cajas, está a pocos kilómetros del sitio arqueológico de Paredones o ciudad kañari de Childeleg y es parte de la zona del macizo del Cajas, es decir zona frágil y sensible. Concesión que afecta tierras y territorios de la comuna ancestral San Felipe de Molleturo. Según datos de la misma compañía va a extraer oro y plata mediante una mina subterránea, para lo cual removerá aproximadamente 800 toneladas de roca por día y operará por alrededor de 7 años, para obtener 605 mil onzas de oro y 4.307.000 onzas plata, para ello tiene que remueven 800 toneladas de roca diario; equivalente a casi 3 veces el total de basura de la ciudad de Cuenca, que diariamente se recoge alrededor de 300 toneladas. Se requerirá más de mil litros/hora igual al consumo de 50 familias campesinas. Se obtendrá alrededor de 90 millones de dólares, es decir alrededor de 10 millones de USD anuales. Según el informe del ingeniero minero Jean kuipers1 para remediación de pasivos ambientales se requiere 20 millones de USD anuales, en consecuencia ni siquiera económicamente es rentable tal proyecto minero. Alrededor de este proyecto extractivo minero están ubicadas decenas de comunidades indígenas y campesinas, que tienen una propiedad comunal y también propiedades individuales. Sin embrago ni los dirigentes y peor los comuneros habitantes de estas comunidades conocen que se haya realizado la consulta previa libre e informada. 1.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS.- En los arts. 395 , 398 , 424 de la Constitución de la Republica ; la Declaración Universal de los derechos Humanos artículos , 1 , 2, 7 y 8 ; La convención Americana sobre Derechos Humanos , articulo 1 y 2 ; el convenio 169 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales , artículos 2 , 4 , 5 , 6 ,7 y 8. 1.3 PRETENSION.- Amparado en el art 87 en concordancia con lo que dispone el artículo 56, 57.7, 396 y 397 numeral 1 de la Constitución del Ecuador solicitan: que como medida cautelar se disponga la suspensión inmediata del acto administrativo que autoriza la explotación en Rio Blanco hasta que demuestren haber cumplido con el derecho a la consulta previa libre e informada y haber alcanzado el consentimiento de la comunidades de la parroquia Molleturo del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay. 1.4 LEGITIMACIÓN ACTIVA.- Es en el ámbito de la Jurisdicción Constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a los comuneros de la parroquia Molleturo, conforme la documentación que justifica su comparecencia en la audiencia oral y publica. 1.5 LEGITIMACIÓN PASIVA.- Se presenta contra el Estado de Ecuador representada por la Ing. Rebeca Illescas, Ministra de Minas y el Lcdo. Tarsicio Granizo, Ministro del Ambiente y quienes hagan sus Representaciones. SEGUNDO.- DETERMINACION DEL PRIMER PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER: ¿La acción planteada de medidas cautelares constitucionales Autónoma de acuerdo a su finalidad ha sido planteada dentro de los parámetros y presupuestos de procedencia que establece la Constitución de la Republica, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ; y , la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional.? 2.2.- ANALISIS DEL PROBLEMA JURIDICO.- a) Para el caso que nos ocupa debemos realizar una valoración o “juzgamiento” de los presupuestos de procedencia (verisimilitud y periculum in mora) que motivan el pedido de la cautela, y no sobre el fondo de la controversia. Es decir, hacer una apreciación de la atendibilidad de la medida cautelar en sí misma. Las medidas cautelares cumplen dos fines: uno de orden privado y concreto , que consiste en asegurar el cumplimiento de una sentencia definitiva y otro del orden público y abstracto , que evidencia que al lograr que el fallo final se ejecute, la función jurisdiccional se torna segura y eficaz . En sentencia C-925 de 18 de noviembre de 1999, la Corte Constitucional Colombiana señaló que “Las medidas Cautelares están destinadas a salvaguardar los derechos subjetivos en disputa y, principalmente, a garantizar la efectividad y eficacia de la administración de justicia.” b) De acuerdo a las reglas expedidas por la Corte Constitucional Ecuatoriana , las medidas cautelares pueden ser solicitadas de dos maneras : a) conjuntamente con el requerimiento de cualquiera de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución , cuando tenga por objeto detener la violación del derecho, y b) autónomamente esto es: independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos , cuando tenga por objeto prevenir la violación de un derecho que se halla amenazado , de manera grave e inminente , de ser violado. Las medidas cautelares conforme la Corte Constitucional ecuatoriana, las ha analizado, cuando se encaminan a interrumpir la violación de un derecho, las medidas cautelares tienen que proponerse conjuntamente con las acciones constitucionales, mientras que cuando, se orientan a impedir la violación de un derecho, se tienen que plantear de forma independiente. c) La pretensión concreta de la medida cautelar es que : “Se disponga la suspensión inmediata del acto administrativo que autoriza la explotación de Rio Blanco hasta que demuestren haber cumplido con el derecho a la consulta previa libre e informada y haber alcanzado el consentimiento de las comunidades de la parroquia Molleturo del Cantón Cuenca , Provincia del Azuay , así como la demostración científica y ambiental que no va existir afecciones a las fuentes de agua , a la diversidad biológica y a los elementos culturales y sociales , y de esta manera no prosiga con los procedimientos que llevaran a consumar delitos de ecocidio y más derechos individuales y colectivos garantizados en la constitución y tratados internacionales” , es decir se solicita interrumpir la violación de derechos, y conforme lo anotado en el inciso anterior según los parámetros de procedencia dictados por la corte constitucional ecuatoriana se tienen que proponer conjuntamente con las acciones constitucionales. d) Por lo tanto habría que considerar cuando es improcedente conceder la medida cautelar constitucional, para lo que recurrimos a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que manda en el párrafo tercero del artículo 27, que no procederán las medidas cautelares cuando: a) existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, b) cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales; y, c) cuando se interpongan en la acción extraordinaria de protección de derechos. – La Corte Constitucional para el período de transición amplía los casos de improcedencia a dos más: uno “para declarar un derecho o discutir una mera expectativa, pues para ellos se encuentran previstos los procesos ordinarios; y dos, para reparar un daño o una violación a un derecho constitucional, sino solamente para evitarlo o suspender tal violación pues para repararlo nuestro ordenamiento jurídico ha previsto el mecanismo adecuado para ello que es la acción de protección.” La Corte Constitucional, en aplicación de su atribución para expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante, prevista en el artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la República, emite las siguientes reglas a ser observadas por parte de los órganos jurisdiccionales que conocen garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales en la sentencia Nro. 364-16-SEP-CC, CASO Nro.- 1470-14-EP: 1.-…..Cuando la jueza o juez, al conocer la petición de una medida cautelar solicitada de manera autónoma advierta, de la lectura integral de la demanda y hechos relatados en ella, que los mismos no se encasillan dentro de la amenaza de un derecho, sino que guardan relación con un hecho en el que se alegue una presunta vulneración de un derecho, deberá enmendar el error de derecho en que incurrió el solicitante y tramitar la medida cautelar solicitada en conjunto con la garantía jurisdiccional de conocimiento que corresponda. Para tal efecto, deberá observar las reglas jurisprudenciales dictadas en la Sentencia N.° 034-13-SCN-CC, dentro del caso N.° 056142-CN, jurisprudencia de naturaleza vinculante y obligatoria…. Así, si bien es cierto que la acción de protección es el medio idóneo para declarar la vulneración de un derecho constitucional y reparar el mismo; el Juez, en su razonamiento, no puede pasar por alto que la solicitud de medidas cautelares procede también con el objetivo de hacer cesar la violación de un derecho. En tal evento, dicha solicitud se deberá

presentar de manera conjunta con la garantía que se considera oportuna. De darse este supuesto, en la primera providencia se debe calificar la medida cautelar solicitada, y se debe sustanciar la causa hasta que en sentencia se resuelva la existencia o no de la vulneración del derecho constitucional. En este orden de ideas, es importante indicar que la justicia constitucional se rige, entre otros, por los siguientes principios: formalidad condicionada, economía procesal y Iura novit curia. Estos principios son concordantes con el mandato de la Constitución de las garantías jurisdiccionales, permitiendo incluso, que las demandas sean propuestas de manera verbal y sin patrocinio de un abogado. Así, el artículo 4 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece: Art. 4.Principios procesales. Los principios procesales: (…) 7. Formalidad condicionada. La jueza o juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales. No se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de formalidades. (…) 11. Economía procesal. En virtud de este principio, la jueza o juez tendrá en cuenta las siguientes reglas: (…) c) Saneamiento. Las situaciones o actuaciones afectadas por la omisión de formalidades pueden ser convalidadas por la parte en cuyo favor se establecen (…) 13. Iura novit curia. La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional. La Corte Constitucional, al desarrollar los principios antes referidos, ha señalado que, con el objetivo de garantizar la plena efectividad de la justicia constitucional, el constituyente, al diseñar las garantías jurisdiccionales en la Norma Suprema, lo ha realizado desde una óptica anti-formalista, implantando filtros no rígidos en cumplimiento con el mandato de simplicidad e informalidad en la administración de justicia constitucional. Así, mientras en la justicia ordinaria las formalidades son más estrictas, establecidas como garantías de igualdad y protección del derecho a la defensa; en la justicia constitucional son más laxas, en aras de buscar una tutela efectiva de los derechos de las personas, la que no puede esperar so pretexto del incumplimiento de formalidades. En lo que respecta al principio de economía procesal, éste persigue que los procesos constitucionales, en función de su naturaleza, sean resueltos de manera célere, oportuna y eficiente. Para ello, los juzgadores deben procurar maximizar el resultado sustantivo a través de la actuación del menor número de diligencias procesales. Ello implica evitar el retardo innecesario en la sustanciación y resolución de las causas. Una consecuencia de aquello, deriva en la obligación que tienen los juzgadores de subsanar o convalidar las actuaciones de las partes procesales que incurran en el incumplimiento de formalidades, en cuyo favor se establecen. En el contexto particular de las garantías jurisdiccionales, en la sentencia N.° OO1-1O-PJO-CC, caso N.° 0999-09-IP, la Corte argumentó: De conformidad con el carácter dinámico de las garantías jurisdiccionales, que incluso permiten su activación sin la necesidad de contar con el auspicio de un profesional del derecho, y en ejercicio del principio Iura novit curia “el juez conoce el derecho”, reconocido en el artículo 4, numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el juez constitucional debe subsanar de oficio las deficiencias de las pretensiones alegadas y continuar con la sustanciación de la causa. Es preciso determinar en este punto, que tanto la Constitución de la República en sus artículos 11, numeral 5, y 76, ley de Garantidas Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 2, numeral 4, prevén de manera categórica la obligatoriedad de administrar justicia constitucional y la prohibición de suspender y denegar la administración de justicia por contradicciones entre normas, oscuridad o falta de norma jurídica. TERCERO RESOLUCION DEL PRIMER PROBLEMA JURIDICO Y ADMIMISIBLIDAD DE LA ACCION: Bajo la resolución de la Corte Constitucional Nro. 364-16-SEP-CC, CASO Nro.- 1470-14-EP y el Principio IURA NOVIT CURIA, con fundamento en la narración de los hechos esgrimidos y planteados por la parte accionante, conforme se ha manifestado existiendo presumiblemente la vulneración de derechos constitucionales en el acto administrativo de autorización de explotación en Rio Blanco. Se admite a trámite por clara y completa la acción propuesta como ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CAUTELAR, previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional. Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución 11.1, 76.7, 86.1, 88 y en el Art. 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se convoca a AUDIENCIA PUBLICA ; de esta manera queda delimitada y trabada la Litis constitucional puesta en conocimiento de la Administración de Justicia. CUARTO.-EL OBJETO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN: La acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. En este contexto el Art. 76 de la CRE, consagra el derecho al debido proceso; en el numeral 1 de este artículo se consagra la garantía básica que obliga a las autoridades judiciales o administrativas no solo a hacer respetar el debido proceso, sino a constituirse en el referente en la observancia del debido proceso. La garantía consagrada en el numeral 3 en el mismo texto constitucional manda: solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio para cada procedimiento. El debido proceso no es otra cosa que el someter los procesos administrativos o judiciales a la normativa vigente para cada procedimiento, y solo cuando se observa el debido proceso, la justicia cumple con su misión sustancial de preservar y recuperar la paz social, porque la justicia bien entendida es dar a cada cual lo que le corresponde, y para ello solo se requiere la observancia del debido proceso. El artículo 88 de la Constitución define la esencia y el ámbito de la Acción de Protección, así: “La acción de Protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”; éste es el parámetro en el que se debe estudiar el caso que se ha planteado, para definir la pertinencia de la Acción. La finalidad de la acción de protección, por tanto, es amparar de manera directa y eficaz los derechos reconocidos en la Constitución y que han sido vulnerados. CUARTA: AUDIENCIA PUBLICA .- Aceptada la acción que establece el Art. 86 de la Carta Magna, en la audiencia Oral y Publica prevista en la Constitución, diligencia que se cumple en la fecha y hora señalada con la intervención de las partes procesales y amicus curia presentados : ACCIONANTE: DR. YAKU PÉREZ: Este cinco de junio serán 9 años del VAGUAZO, con saldo de 33 víctimas, 200 heridos, por una invasión de una empresa China encubierta por el estado, lo menos que podían hacer es resistir, por lo que se ha accionado una medida cautelar para que cesen estas acciones en contra de Comuneros y de Rio Blanco, esto conforme el Art. 87 de la Constitución, sin embargo como lo faculta la ley Ud. lo califica como acción de protección, amparado en el art, 88 y 32 de la LOGJCC, con esto se pretende evidenciar y probar la violación de derechos establecidos, fundamentales regulados en la constitución e instrumentos internacionales, CON OIT, DECLARACION ONU DERECHOS INDIGENAS, A FIN de esos derechos vulnerados por acciones y por omisiones puedan ser declarados reparados conforme la ley. Se preguntará la parte accionada que derechos se violaron: – La constitución de la república aprobada por los ecuatorianos, aprobó el derecho al agua, a pesar de que el 397 de la constitución en sindéresis con el 16 de la LOGJCC. ES Imperativo que se consideren elementos para que su fallo sea apegado a derecho, se demostrará las violaciones cuando se ha afectado quebradas y fuentes de agua, lo dice no Yaku Pérez sino ETAPA, GAD DE CUENCA Y GAD DEL AZUAY. Hay un informe que presenta el señor PREFECTO Y VICEPREFECTA DEL AZUAY, suscrita por el BIOLOGO DIEGO ALVARADO, con fecha 21 de agosto de 2017, el mismo que en sus conclusiones: procede a dar lectura. – El 2 de octubre de 2017: En Laguna Cruz Loma se evidencia movimiento y relleno de material en el sitio, se hace una comparación de otras fechas, notándose la existencia de un cuerpo de agua. – Estos son las evidencias entre otras, todos sabemos que el planeta está conformado por agua el 70%, tenemos el privilegio de vivir en una zona cubierto de pajonales, somos parte de la única región en el mundo con paramos andinos, es así que muchas personas dependemos del agua que proviene del páramos, otras ciudades del Ecuador o de Colombia o Bolivia, dependen únicamente de los páramos, por eso el CONGRESO PARAMUNDI 2009, son espacios de vida dicen, y de convivencia entre los pueblos, ecosistemas únicos, con alto impacto como la minería. – Río Blanco es un espacio de páramos, pasa el camino del Inca, se encuentra la Ciudad de Childeleg, Paredones, emplazado el bosque Molleturo Mollepongo, esa parte es área de protección del Parque Nacional del Cajas, allí está la concesión minera; allí nacen las aguas, allí

había un Río, que se llamaba Río Blanco, son 72 comunidades que forman este territorio. Y la diferencia entre territorio y tierra es abismal. – El territorio tienen derecho los que se encuentran milenariamente como los Cañarís, y se legaliza a inicios del siglo 20, por compra a Hortencia Mata, por eso es territorio y no tierra, va desde la Laguna Estrella hasta la parte costanera. Es un espacio de vida porque no son los ecologistas que van a dar un dato relevante, son las naciones unidas que en el año 2017 indicaron que el 20% de las aguas usadas provienen del manto acuífero y aguas subterráneas. Y si estamos en una actividad extractiva en esta zona, la sed de oro nos dejará con sed de agua. – El derecho a la alimentación es el segundo derecho que se vulnera, no existe soberanía alimentaria. – El Art. 14 de la constitución dice que los pueblos en general tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, es el tercer derecho violentado, secar humedales, militarizar territorios no es SUMA CAUSAY, destrozar la maquinaria extractiva no es suma causay, – Cuarto derecho: Derecho a la consulta previa libre e informada regulada en la constitución que garantiza a las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados, a buscar el consentimiento de la comunidad para la extracción (Art. 57 núm. 7, art, 6 núm. 169 de la OIT,) – La consulta no se puede confundir con audiencias públicas o socialización, la consulta previa debe ser obligatoria, y realizada con mecanismos apropiados, con información adecuada. Se debe consultar a las comunidades como quieren ser consultadas. – Ultimo derecho vulnerado, Art. 71 de la constitución, derechos que se concede a la madre naturaleza ACCIONADA: MINISTERIO DE MINAS: AB. CARLOS IZQUIERDO APOLO-MINISTERIO DE MINAS: Se dice que se ha vulnerado el derecho del Art. 6 y 169 de la OIT, tenemos que aterrizar el concepto plasmado a la realidad y a la acción de protección presente. Necesitamos determinar la legitimación activa de las personas actoras, se da lectura al Art. 9 LOGJCC. Especial énfasis en el inciso segundo. Para aterrizar este concepto debemos ver quienes plantean esta acción constitucional, ( se da lectura a los nombres de los accionantes) tenemos que usted al momento de calificar el presente acto señala que “es en el ámbito …que justifica su comparecencia” necesitamos saber el concepto de que es un derecho colectivo, que se define por Agustín Grijalba. Se hace una distinción de los titulares de estos derechos, que dice son ciertos grupos humanos, se debe identificar si los accionantes cumplen con este precepto, el Tratado 169 de la OIT, es el convenio sobre pueblos Indígenas y Privados, se analizará la capacidad de los accionantes a ver si están dentro de estos derechos colectivos. Para que una persona pueda alegar que violentaron sus derechos a los pueblos y comunidades, es necesario que solo sea parte de una comunidad? Art. 6 del Convenio 169 de la OIT. Se da lectura. Denotamos que hay parámetros a cumplir para la tutela de este derecho: que sea un pueblo interesado y que sea un pueblo que en las medidas jurisdiccionales les afecte directamente. Como bien dice que es un hecho público que la persona accionante no tiene su domicilio civil dentro del perímetro de impacto directo o indirecto en Molleturo Rio Blanco, la CONFEDERACIÓN ECUARUNARI, una vez que realizamos la búsqueda de organizaciones sociales, en el Acuerdo 1735 del 24 de agosto de 1989 y el acuerdo ministerial 169 de 13 de noviembre de 2001, dice que el domicilio está en el cantón Quito, no está dentro de los parámetros para que goce de estos derechos colectivos. En cuanto a ARARIWA SIGCHA VELE, no se acredita su domicilio en Molleturo; como el pueblo y la organización que representa es necesario hacer un conteo histórico de esta organización, de lo que se desprende que no es solo indígena sino de personas mestizo campesinas, en cuanto a los demás accionantes, dice son presuntos moradores del cantón Molleturo, lo que deja en duda si viven dentro de esta comunidad. Solo el hecho de ser residente de Molleturo no le da derecho para enunciar el Art. 6 del Convenio 169 de la OIT, existe entonces falta de legitimación activa. En cuanto a la violación de la consulta previa, al momento de debe tener en claro que al momento de otorgar títulos mineros, fueron hechos en 1995 y 1996, la ratificación del Convenio OIT fue en 1998. Se ha identificado con el MAE que no existen comunidades en la parte de la extracción de Río Blanco; para que se cumpla con el convenio en mención es necesario hacer procedimientos apropiados, que deben ser susceptibles de afectación directa los pueblos, se puede afirmar que aunque no se identificaron grupos humanos, se realizaron procesos de consulta que cumplen con los estándares de la OIT y de la Constitución, estos procesos fueron hechos de manera previa. Estos procesos de participación fueron llevados de forma libre, nadie fue coaccionado para asistir, fueron de manera informal, se le informó sobre las posibles afectaciones que podrían ocurrir, y se informó sobre el cierre de minas, se hace una línea base para que se deje el ambiente en mejores o iguales condiciones; se informó sobre esto a las comunidades; los procesos se los lleva mediante algunos mecanismos, un mecanismo es en una audiencia pública las persona escuchan y son resueltas sus interrogantes por la autoridad ambiental y la empresa minera, de estos procesos de consulta tenemos pruebas evidentes, que los presidentes de las parroquias participaron con preguntas y no se puede decir que no se los tomó en cuenta. Toda la información técnica se la modificó culturalmente, para que sea entendida por los ciudadanos. El primer proceso fue el 9 de julio de 2004, en resolución 031 el Ministerio del Ambiente, aprueba una auditoría ambiental para fase de exploración avanzada: Se llevó a cabo un seminario taller del Programa de Participación Ciudadana en cuanto al Proyecto Río Blanco esto en 21 de septiembre de 2002, y el 17 y 18 de octubre de 2002. Se hizo una reunión de difusión pública efectuada en 11 de diciembre de 2002, en cuanto al impacto ambiental. En resolución número 986 de fecha 6 de noviembre de 2015, se otorga licencia para fase de explotación proyecto Río Blanco, dentro de este proceso se realizaron audiencias pública en fecha 27 al 29 de mayo de 2011 en la Escuela Arturo Venegas, Iglesia de Chaucha y en Molleturo, luego se dio información pública desde el 20 mayo de 2011 hasta el 5 de junio de 2012, donde podría haber afectación. MINISTERIO DEL AMBIENTE: Como estableció el abogado de minería se pretende hacer creer que se habla de toda la comunidad de Molleturo, se presentan 8 personas que supuestamente son de Molleturo, constan también de la misma acción cuatro firmas de los miembros, no se anexa cédula de ciudadanía para ver si son de Molleturo, se vulnera el Art. 66 núm. 23 de la Constitución. La parte accionante ha fundamentado su petición en un acto administrativo, que Ud. solicitó a que acto administrativo se refiere, lo que jamás fue contestado; de lo que consta del proceso se ha solicitado el retiro de la presente acción se ha solicitado se ratifique si desiste o no , y se dio paso a esta audiencia. Demostraré que no se han cumplido con los Art. 26 27 40 y 42 de la LOGJJJ. El Art. 26 de la LOGJCC: Al no determinar ni de qué acto administrativo se habla como se cumple con la finalidad de la medida cautelar. No prueba que sea adecuada la medida cautelar, tomando en cuenta el principio de proporcionalidad, no se ha tomado en consideración que es un proyecto de magnitud nacional, como establece el Art. 313 de la Constitución. No se han cumplido con las finalidades de la medida cautelar. Art. 27 de la LOGCC, no se demuestra que haya una amenaza grave o inminente. En la petición no se hace una relación de esto con el acto administrativo con los derechos de los 8 miembros de la comunidad de Molleturo. Con el Art. Del periódico que consta del expediente como se puede probar la amenaza grave e inminente de las personas que presentan la acción. La medida cautelar tiene el carácter de provisional, no se ha probado esto, no se han cumplido con la LOGJCC., No se ha cumplido con el Art. 40 al no haberse determinado el acto u omisión administrativa, Art. 42 núm. 1 de la LOGJCC., del simple artículo del periódico no se prueba la vulneración, se habla de un informe del IMG. En cuanto a la consulta previa, se presenta un plano del proyecto minero de la zona de extractivismo. En cuanto al Parque Nacional Cajas, se demuestra donde se encuentra la extracción minera con relación al este Parque. BIOLOGO JUAN PABLO RIVERA: DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY: todos los estudios del impacto ambiental fueron aprobados por la autoridad, estudios hidrológico, hídrico biológico sociales, y ambiental ponderando los posibles impactos. Son aproximadamente 50has. De afectación donde está el proyecto minero, si bien la concesión minera son de casi 5000 has. Las 50 has es donde está el proyecto. Para dar licencia ha durado casi 10 años, los consultores han propuesto correcciones, Las zonas pobladas no existen cercanas, sino a 5 a 7 kilómetros, pero no en el área de influencia directa. En cuanto a las fuentes de agua, existe un promedio de altura de 400m del parque Nacional a la zona del proyecto. Se realizaron los temas de impacto ambiental. En cuanto a lo que son fuentes de agua, se hacen mecanismos de control, se cumplen con los parámetros correspondientes. En cuanto a los procesos de participación social, se siguieron los lineamientos de ley de acuerdo al decreto ejecutivo 1040, anexo todo el procedimiento de participación social, Se convocó a toda la comunidad de Molleturo , con la participación de toda la comunidad, se hace una invitación, por medios radiales, por convocatorias

en las Escuelas, la convocatoria se hace el día 20 de mayo de 2011, y se hizo el 27, 28 y 29 las reuniones, constan los informes de los técnicos de participación legal. Se constata de las pruebas que dentro de las licencias de Rio Blanco se cumplió con todos los parámetros legales, y el proceso de participación social. Ya que no se ha demostrado la vulneración de los derechos de las personas accionantes, solicito se deseche la acción. PROCURADURÌA GENERAL DEL ESTADO.- Señor Juez Constitucional, comparezco en la presente Acción de protección con medida cautelar, ofreciendo poder o ratificación del señor Procurador General del Estado o su Delegado, por tal motivo, solicito término para legitimar mi intervención. El accionante en su demanda ha solicitado que se disponga la suspensión inmediata del acto administrativo que autorizó la explotación en Río Blanco hasta que los accionados demuestren haber cumplido con el derecho a la consulta previa, libre e informada etc. Al respecto debo señalar que: a) Conforme lo desarrollado por la Corte Constitucional en jurisprudencia vinculante, como máximo organismo de interpretación constitucional, correspondía al juez constitucional, de ser el caso, adoptar las medidas cautelares en primera providencia.[1] Motivo por el cual, al no haberse adoptado la medida en primera providencia, no cabe analizar dentro de la presente audiencia, la adopción de medidas cautelares conforme lo dispuesto en el art. 32 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. b) Finalmente, si lo que acusa el accionante es que el legitimado pasivo ha incumplido el mandato contenido en el art. 57 numeral 7 de la norma constitucional y art. 81 de la Ley de Participación Ciudadana, es evidente que la acción de protección no es la vía idónea, pues existe en nuestro ordenamiento jurídico la acción por incumplimiento de norma que es competencia exclusiva de la Corte Constitucional, conforme lo dispone el art. 93 y art. 436 numeral 5 de la Constitución, y que además en ese caso implica el cumplimiento de un requisito previo contemplado en el art. 54 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo anterior debo ser enfática en que las garantías jurisdiccionales son mal utilizadas, cuando se pretende que el juez constitucional se pronuncie sobre un tema de presunto incumplimiento de un acto normativo, análisis y admisión que es competencia privativa de la Corte Constitucional. Por lo expuesto por la PGE en esta audiencia solicito que al final de la misma, emita su fallo rechazando la presente acción y declarándola improcedente. GERENTE GENERAL DE ETAPA. ING. BORIS PIEDRA IGLESIAS. No es un problema que afecta a un sitio cercano sino a toda una comunidad y región, es una empresa ETAPA que protege las fuentes hídricas, me referiré al caso del proyecto RIO BLANCO, un proyecto que se trata de mostrar que mostrara aun sitio puntual, pero va más allá, el sitio donde está ubicado Rio Blanco es la fuente de tres ríos Miguir, del cual se toma la fuente primaria del agua potable, La ubicación del proyecto está dentro de una zona vital para el mundo, el macizo del cajas fue declarado zona de protección del a biosfera, no estamos en contra de la actividad económica, pero estamos para la protección del agua. En ese sentido estamos aquí, el hecho de que el macizo de las cajas haya sido declarado zona de la protección es porque una afectación a esta zona afecta a toda una población. Nosotros como Municipio y Etapa no hemos sido entidades ajenas a este problema, en el año 2016, etapa contrató los servicios de la U de Cuenca y del Azuay, basados en estudios técnicos preliminares, por mostrar ya afectación en Río Blanco, se hicieron los estudios técnicos si había o no una afectación en la zona señalada, no se deben dar las actividades de prospección hasta no saber si existe afectación. Es una afectación a toda la región y al cantón. Por eso nuestra solicitud de sumarnos a que no se avance en estos procesos que afectarían a las futuras generaciones. Nos sumamos al recurso de los comuneros de la zona de Molleturo, y felicitaciones a esta iniciativa de defender el agua de las futuras generaciones. AB. PABLO PIEDRA VIVAR: En enero recién han empezado a trabajar las Universidades, por lo que se solicita se suspenda estos trabajos. Se procede a escuchar un audio del Lcdo. Tarsicio Granizo Ministro del Ambiente, según lo que señala el Ab. Pablo Piedra Vivar, es que la socialización es deficiente. Se procede a ver un video de una entrevista a JUAN PABLO RIVERA Biólogo. La principal autoridad ambiental del país dicen que la consulta previa ha sido deficitaria, existiendo una flagrante violación de la consulta previa. Etapa ha demostrado que la zona de influencia a Río Blanco no afecta solo al sector sino a todo un cantón. Se suspenderá la licencia ambiental en Río Blanco. AB. LUIS XAVIER SOLIS TENESACA Se ha hecho la consulta que no es consulta, el decreto ejecutivo 1040 es inconstitucional, se dio el 8 de mayo de 2008, y la constitución fue aprobada en el mes de octubre de 2008, no se menciona en ninguna parte la participación social, y ellos mencionan las audiencias publica que no son legales, las licencias son del 2015 y del 2017, en la del 2015 dicen que hicieron los procesos públicos para la fase de en mayo de 2011 27 a 29 de mayo, en cuanto a la licencia de fase de beneficio dice que hicieron el proceso el 27 28 y 29 de mayo de 2011 en Arturo Venegas Escuela, (adjunto en el amicus) En cuanto a la licencia de explotación dicen que fue por audiencia pública 27 28 y 29 de mayo es ilegal e inconstitucional porque las fases son distintas, no se puede socializar y hacer la consulta en un mismo momento, se tendrá en cuenta el Art. 19 del decreto. Se tenga en cuenta lo que señala la ley de Gestión Ambiental que estuvo vigente, en cuanto al proceso de consulta. La acción presentada tiene todo el sustento legal, buscando la protección de derechos, este momento Molleturo está militarizada, por falta de información y consulta. Estas consultas y licencias se expiden en el 2015 y 2016, luego de la Constitución. No tenían que hace audiencias sino consultas. ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL SUR: Al no haberse cumplido con la consulta previa libre e informado, se ha producido una crisis, Rio Blanco vive una profunda afectación social, generando familias divididas, se ha disparado incluso en contra de mujeres que llevan niños en sus espaldas, quienes son los más afectados son los niños niñas adolescentes, ancianos, personas vulnerables, esta crisis no solo es social, se acaba con la participación de la economía campesina, se ha despojado de sus tierras con contratos mañosos, lo que afecta la salud y soberanía alimentaria. A las personas contratadas, viven en una especie de esclavitud, compañeros con derechos vulnerados y el Estado amparando estos hechos. La zona es tan amplia, y para llamar a todas las comunidades se necesita al menos un mes, los compañeros de la zona baja costanera no saben nada de lo que pasa en la zona alta. Se dice que no hay gente en la zona, frente al campamento está la casa de Don Leónidas Fajardo que está injustamente preso. Se ha dividido a la gente del sector, yo amparo a su convicción humana para que la sentencia a ser dictada devuelva la paz, que ha sido quitada por la ambición económica. El que inauguró la mina es Jorge Glas y él está ya preso. DR. SEBASTIAN LOPEZ: Sobre la naturaleza jurídica se debía tratar primero la medida cautelar y luego la acción de protección, con acertado criterio se ha derivado a acción de protección porque se supone que habría una posible afectación de derechos. Se ha dicho que en la medida cautelar no se deben exigir prueba, y es así, sin embargo hoy se ha vinculado con una acción de fondo, es porque de los hechos facticos se le narra que existe una violación actual a los derechos constitucionales, si partimos que existe una explotación de recursos lo que cabe es cesar este acto violatorio, por cuanto se trata de una violación en curso, lo que queda es la verificación de la vulneración, declaración de los derechos vulnerados y que se repare los mismos. En cuanto a la consulta previa, entre el conjunto de derechos reconocidos a las comunidades está el derecho de participación de estas comunidades, y este derecho ha encontrado un eco en la corte Constitucional, en la sentencia de la Ley minera existe relación con la consulta previa, En cuanto a la consulta previa y pre legislativo, determina el grupo al cual está dirigido. La afectación no es a una colectividad sino a todos los cuencanos y cuencanas. La tutela es aun derecho a una consulta previa que lo que entiende es que las comunidades comunas pueblos y nacionalidades puedan pronunciarse respecto de la explotación extracción y exploración. Todo esto es parte del corpus iuris internacional, el convenio 169 de la OIT. Respecto de la prueba debe ser asumida por el Estado, porque tiene la eficacia probatoria, ni se ha demostrado que ha existido una consulta previa ni tampoco que se ha procedido con una consulta ambiental a la ciudad de Cuenca. Lo que se ha pedido es la suspensión de los actos administrativos. El reconocimiento de la consulta no se agota con una simple audiencia. DR. JUAN FERNANDO VALAREZO CORDERO: Ofreciendo ratificación. Hemos sido informados y participado de socializaciones del Estado a travesea del Ministerio de Ambiente, todas estas actividades las autoridades estatales han mantenido contacto como miembros de las comunidades, desde el inicio la comunidad ha participado en el conocimiento de todas las actividades, por 15 días estuvieron explicándonos sobre el impacto ambiental, se han formulado observaciones, por parte de personas de Patucay, mujeres de Molleturo , la comunidad siempre ha estado al tanto de las acciones mineras, y lo importantes es que todos sabían

y conocían del proyecto; nos mantenemos vigilantes en la ejecución de las actividades mineras, Por no tener el apoyo técnico en Nambija murieron cientos de personas, pero en este caso se tiene todo la información técnica. La afectación a las fuentes hídricas no es verdad, se la usa para el consumo y como abrevadero. Vemos con agrado que participan las universidades de Cuenca, pese conocemos que pocos habitantes y algunos dirigentes que no nos representan presentaron una acción de protección, pero estamos aquí por la solicitud de medidas cautelares y piden que la necesidad de una consulta previa derivada de los pueblos y comunidades indígenas. Ahora tenemos internet, educación, situaciones que el consejo ni el municipio si tenemos agracias a los proyectos mineros, ahora tenemos luz, y una serie de beneficios que ha recibido la comunidad. Se ha pedido la suspensión de un acto administrativo, que no corresponde a la justicia constitucional, no se ha identificado el acto administrativo que viola los derechos alegados. Este proyecto viene desarrollándose desde 2011 y perder medidas cautelares ahora es ilógico se considerará los arts. 26, 32 y 36 de la Constitución, se rechazará la medida cautelar. GAD MUNICIPAL DE NABÒN: Mediante consulta al pueblo, se ha preguntado si están en contra de extractivismo en zonas protegidas, a lo que el pueblo respondió que sí. En el cantón Nabón, se ofreció internet, se fueron y ya no hay, se ofreció carreteras, se lastró, se fueron y ya no hay. Estamos ante una acción especialísima, proteccionista, la cual por parte de los accionados se ha pretendido desnaturalizar; al suceder estos hechos el principal protector cuanto existen afectaciones es el Estado. Los servidores públicos no lo están haciendo, es por eso que ante estas afectaciones y a la consulta previa; la socialización es una información no es consulta previa, Se tenga en cuenta el Art. 397 constitución. La socialización la hacen las mismas empresas mineras, con la compañía del ministerio del ambiente, Solicito para la valoración se tome en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional caso Jaime Araujo, caso Humberto Sierra, Se tendrá en cuenta los Arts. 12, 14, 71, 73, 98, 395, 396, 397, 398, 407 y 412 de la Constitución de la República. RÉPLICAS: MINISTERIO DE MINAS: Con asombro y temor estamos viendo que se convierte en un proceso político. Como réplica al Municipio: El proceso de licenciamiento ambiental demoró 10 años, y demuestro que en año 2003 el municipio con Etapa realizó una consultoría, que realizó un estudio de la licencia ambiental y este informe se remitió al MAE y mediante oficio de 21 de mayo de 2014, establece que (se da lectura). Las observaciones del municipio con una consultora francesa se incluyeron en el impacto ambiental, en la licencia de beneficio. Hay un componente político en esta acción de protección. Indica que se han hecho convenios con las universidades para monitoreo, se dieron cuenta que el GAD Cantonal no tiene competencia de control ambiental, en ese sentido de competencia se firmó un convenio y en el mismo se establece un trabajo interinstitucional para que estos controles se hagan de mejor manera. En cuanto a la Escuela: se tendrá en cuenta que estamos en un estado de Derecho, implica que un decreto ejecutivo es inconstitucional, se debe hacerlo ante la Corte Constitucional, decreto que ahora está en vigencia total. En cuanto a que se declara la nulidad del acto administrativo que da permiso para explotar, se debería hacer ante autoridad administrativa. Se habló sobre un uso indebido de la fuerza y violencia sexual en los campamentos, se discute temas diversos que se salen del tema de la audiencia, no se tomarán en cuenta. La problemática social que podría existir va más allá de que si se hizo o no una consulta previa. En cuanto al amicus curiae de la Universidad, en cuanto al tema de las medidas cautelares discutirlo es intrascendente. En cuanto al amicus curiae, Nabón, es necesario puntualizar que se hizo la pregunta de minería dentro de zonas urbanas y eso es todo. MINISTERIO DEL AMBIENTE: Me allano a lo que ha señalado el ministerio de Minería, en cuanto a Río Blanco se hizo la consulta con las leyes que estaban vigentes en la época, se ha mencionado que se puede afectar. El biólogo dice que se hacen varios mecanismos para informar en los centros poblados 8 días antes y 8 días después, comunicaciones por radio, periódico, se e informó sobre el estudio de impacto ambiental, que indicaba que pueden ser controlados y mitigados; se ponen carteles indicando donde van a estar estas mesas, en el territorio ya existe un facilitador, un proponente del proyecto que es la empresa minera, se explica las fases de diagnóstico, la evaluación del impacto ambiental, y las medidas para el impacto positivo y negativo, las personas hacen preguntas, presentan sus dudas; en las mesas de información sucede lo mismo, la información está en las páginas web del ministerio y del a empresa proponente. La decisión fue que se aprobaba el proyecto. Para hacer la invitación se registra las firmas de los representantes de las personas que están en el área de directa afectación. Algunas personas firman otras no, Se hace firmar a los representantes por la representatividad que tienen como padres de familia, En cuanto a la intervención de la Escuela: Se anexó lo que demuestra que se cumplió con la participación social de acuerdo al Art., 82 de la LOPC. En cuanto a las fechas que coinciden en cuanto a las dos fases, no se hizo al mismo tiempo, en la mañana la explotación y en la tarde la fase de beneficio, Con el 986 en el 2015 se aprobó la etapa de explotación, como se hizo la participación social que es previo, se lo utilizó para la resolución 177. No se aprobaron las licencias al mismo tiempo porque había observaciones a la licencia de beneficio. Se debe probar que está violando derechos constitucionales, debemos ceñirnos al contenido de la petición. PROCURADURÌA GENERAL Me ratifico en que no es la vía adecuada, se rechazará la presente acción por improcedente. DR. YAKU PEREZ: Ruego que se escuche a una dirigente de la Comunidad Río Blanco: ELIZABETH DURAZNO: Soy de Molleturo y vivo en Río Blanco, no puedo regresar allí porque la policía y el ejército está cogiendo, soy nacida allí viven mis papas, vivía de la tierra, me enseñaron a trabajar, y ahora no hay como sembrar un fruto sin abono, yo sufrago en Molleturo , mis hijos viven de allí, la empresa minera toda la vida viene con engaños, sociólogo tras sociólogo se, el último es el Soc. Darquea, que ahora es de la empresa, trataba de unir cada sociólogo. Dicen que no hay daños, había una laguna que se llama Cruz Loma, le taparon con escombros, y adentro se oiga en las perforaciones el agua. Ahora la tierra está partiéndose, nos hacen utilizar un líquido que no sirve para nada, ahora tenemos alergias que según el doctor son detergentes. No hubo socialización, antes éramos unidos, la escuela es parada de nosotros, no de ellos, dicen que hay salud, escuela, el bachillerato los niños salen a estudiar en otros lados y no allí, Pido que no haya minería en nuestro páramos, no están cumpliendo con la consulta. En Molleturo son 72 comunidades, no les conozco muy bien, somos organizaciones de agua, agroecología; en mi comunidad no se ha consultado al menos a mí, no he tenido ninguna capacitación, si se informó a algún dirigente ese no informa a los demás, Cochapamba con Rio Blanco están enfrentados, pero no todos, Mi vida en Molleturo es un desastre porque hay intimidación de la misma empresa, de la policía, los niños tienen miedo, yo estoy en contra de la minería, se afecta a nuestras aguas, páramos, nuestra tierra, se sembraba trigo, lechugas, papas, cebada, los animales podía andar libremente, ahora se tiene que amarrar, porque la empresa no permite el ingreso, para andar por camino de herradura no se puede hablar. DR. YAKU PEREZ: Se dice que no hay legitimidad activa, de las cédulas originales de tres comuneros que presentaron la demanda son de Rio Blanco, Molleturo de ascendencia de la comunidad y son de San Felipe de Molleturo, dicen que son personas ajenas del lugar, se muestra un registro de personas que constan personas que son de Rio Blanco, son más de 50 comuneros de Molleturo. Se pone en duda de que si la presencia de los pueblos de la nacionalidad Kichwa y dela Ecuarunari y presento los nombramientos de estos. Somos 370 millones de corazones de pueblos indígenas y pese a que tenemos el 20% de los territorios en los 6 continentes, somos custodios del 80% de la biodiversidad del planeta, no le corresponde al Estado calificar quien es indígena y quién no. La identidad no se lleva en la apariencia, sino en el corazón. Con la documentación presentada se demuestra que existe legitimidad activa; no somos ciudadanos, somos pueblos, una concepción filosófica. Se dice que han hecho foros, seminarios, talleres, pero no se ha hecho la consulta previa, libre e informada, no se puede confundir esta con un proceso de socialización, sería confundir un procedimiento civil con un penal. El Art. 56 de la Constitución, se refiere a derechos de los pueblos indígenas. El Art. 57. Reconoce a las comunas varios derechos. Entre ellos consulta previa numeral 7, no dice foros, talleres ni seminarios, dentro de un plazo razonable sobre planes de prospección, no hay por donde perderse. Pueden tener firmas y huellas digitales, pero no sirve de acuerdo a los estándares ambientales, como hacen dos audiencias para en las mismas fechas para las dos fases, presentan 72 firmas, pero no alcanza para todos quienes son parte de las comunidades de Molleturo. Se dice dónde están los comuneros, con estas firmas se debe preguntar dónde están todos, preocupa que el Art. 11 núm. 9 de la constitución señala que se debe hacer respetar los derechos de la constitución. Aquí está representado por el ministerio

de Minas y del Ambiente, y no respetan ni hacen respetar el derecho al agua, al suma causay, y a la consulta previa, pero también les da responsabilidades por las acciones u omisiones. Así sea una persona o una comunidad se debe cuidar por estos, y eso no es todo en las boca minas están ríos, fuentes hídricas, El agua que tomamos acá de Quimsacocha tiene que recorrer más de cincuenta kilómetros, y las de río blanco para llegar al Centro de Molleturo solo recorre 7 km., un proyecto puede afectar más de mil kms. A la redonda. Se quiere confundir un monitoreo con un estudio hidrogeológico toma mucho tiempo, a la empresa francesa les tomó seis meses y eso fue insuficiente. PETICIÓN: Se calificará la medida cautelar cesando inmediatamente l VIOLACIÓN Del derecho a la consulta. Esto como acción de protección: Se declarará la violación del derecho a la consulta y la nulidad del otorgamiento de agua otorgado por la SENAGUA a LA EMPRESA CHINA, RÍO BLANCO. Declarar la nulidad del otorgamiento de autorización de prospección minera al titular del proyecto Rio Blanco Declarar la nulidad del otorgamiento de autorización de exploración minera al titular de la acción minera Declarar la nulidad de otorgamiento de autorización o estudio de impacto ambiental o manejo ambiental al titular del proyecto Río Blanco. Declarar la nulidad de licencia ambiental para explotación minera otorgado por el MAE, al titular del proyecto Río Blanco. MEDIDAS REPARATORIAS: Disponer la inmediata salida de la policía militares o desmilitarización de San Felipe de Molleturo en Rio Blanco Salida de la empresa China de los territorios de San Felipe de Molleturo , quienes hacen labores de intimidación o cacería de brujas, hay 14 ciudadanos criminalizados. Reparar y rehabilitar causes de agua, quebradas, humedales y recuperar la laguna Cruz Loma. Disponer la remediación ambiental en toda la zona concesionada que haya causado agresiones a la naturaleza Disponer como compensación social y económica por todos los daños causados, con arreglo de vías de las comunidades, dotación de agua potable, alcantarillado, programas de conservación y preservación forestal y reforestación. Se adjunta informe de la Defensoría del Pueblo, que ratifica que jamás hubo consulta previa en Río Blanco. MINISTERIO DE MINAS: Se tenga en cuenta las competencias que tiene en esta acción. En cuanto a nulidades de actos administrativos es competente el Tribunal Contencioso Administrativo. RESOLUCIÓN: Conforme se presentó en primera instancia una medida cautelar por parte de algunos ciudadanos de la parroquia Molleturo nombrando como procurador común al Dr. Yaku Pérez, se ha solicitado la ampliación de algunos requerimientos, luego del examen de los hechos narrados en la presente acción; el presente juzgador ha creído conveniente conforme la sentencia 364 del 2016 de la Corte Constitucional, deberá enmendar el error de derecho y tramitar como acción de protección. Se ha realizado esto y se admitió a trámite la acción, se ha tramitado y se ha pasado esta audiencia y lo que nos pide el legislador que se pruebe estos hechos, este juez es competente por sorteo, como Juez de la Unidad Judicial Civil del cantón Cuenca. Los fundamentos de hecho presentados en la acción son la afectación que se viene dando por la no realización de la consulta previa e informada, se dice que existe afectaciones a las tierras, comunas. Analizada esta parte y conforme la audiencia en que se han presentado algunas pruebas por los sujetos procesales, se han recibido varios amicus curiaes, se han escuchado a todas las partes, se han presentado informes como el de la Defensoría del Pueblo, en el que en sus conclusiones dice: (se da lectura del mismo). Se ha presentado por parte del Ministerio de Minas, en que constan varias firmas de personas, este juzgador no contempla que haya una consulta previa. Dentro de los parámetros para una consulta libre previa e informada, dentro de las comunidades se debe hacer tomando en consideración la importancia de la explotación minera, de una forma clara. Se debe tomar en cuenta el objeto de la consulta previa. Existe legitimación activa, en la constitución dentro de sus principios de vanguardia está que se debe reconocer comunas y comunidades pertenecientes a los pueblos ancestrales. La acción constitucional para que se de paso a ella, se deben dar algunos requisitos: Art. 88, se da lectura. Se trata de un derecho fundamental el cual se alega se ha violado. EN CONSECUENCIA SE DISPONE: ACEPTA LA ACCIÒN DE PROTECCIÓN DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE LA CONSULTA PREVIA EN RELACIÓN AL PROYECTO RÍO BLANCO. SE ORDENA A TODAS LAS AUTORIDADES ACCIONADAS EN EL AMBITO DE SUS ACCIONES, SE SUSPENDA LA ACCIÓN DE EXPLOTACIÓN EN EL SECTOR DE RÍO BLANCO. SE ORDENA DESMILITARIZACIÓN GRADUAL Y PAULATINA DE LOS SECTORES EN CONFLICTO, PRECAUTRELANDO LA INTEGRIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y EVITANDO SOBRE TODO CONFLICTOS. SE OFICIARÁ DE ACUERDO AL ART. 21 A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. Se manda agregar las documentaciones presentadas, y se concede el término de cinco días para las ratificaciones correspondientes.- Hasta aquí la presente diligencia que la firma la suscrita Secretaria que certifica.- llb. QUINTO MOTIVACION. El Art.- 88 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. En el presente caso, habría que analizar la existencia de una acción u omisión ilegítima de Autoridad Pública, que viole derechos constitucionales de los actores. El artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, prescribe que el accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia. B) Es necesario identificar la acción u omisión que violente derechos constitucionales. El accionante expresa que se encuentra violado el Art. 57.7 de la Carta Magna “Se reconoce y garantiza a las comunas , comunidades pueblos y nacionalidades indígenas , de conformidad con la Constitución y los pactos ,convenios ,declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos , los siguientes derechos colectivos: La consulta previa , libre e informada, dentro de un plazo razonable , sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambientalmente o culturalmente ; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales culturales y ambientales que les causen . La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna .Si no se obtiene el consentimiento de la comunidad consultada , se procederá conforme a la constitución y la ley.…”; la norma del Art. 95 que recoge el derecho de participación “Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y el control popular de las instituciones del Estado…”; el Art. 321 “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal…” Art.66, numeral 26 “el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental”. La Corte Constitucional expresó este criterio para la ratificación de un convenio “a) El artículo 14 de la Constitución reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay y, de otra parte, declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. (Dictamen 0002-2008-CI; Juez Ponente: Dr. Hernando Morales Vinueza, p.5) (Últimas dos líneas en página 6)” 5.1 LA PROTECCIÓN QUE DEBE EL ESTADO A LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES. La Constitución Política en el capítulo IV derechos de las Comunidades Pueblos y nacionalidades , art 57 de la Constitución los Derechos colectivos numeral 7 la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable, Art 57 Derechos colectivos.- “Se reconoce y garantiza a las comunas , comunidades , pueblos y nacionalidades indígenas , de conformidad con la constitución y con los pactos , convenios , declaraciones y demás instrumentos , los siguientes derechos colectivos: numeral (7) La consulta previa , libre e informada , “dentro de un plazo razonable , sobre planes y programas de prospección , explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarlas ambiental o culturalmente ; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales , culturales y ambientales que les causen. La consulta que deben realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna .Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la constitución y la ley.”, En la ley de Participación Ciudadana Art. 81.- “Consulta previa libre e informada.- Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable. Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, a través de sus autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos proyectos reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo consultado, se procederá conforme a la Constitución y la ley “Art. 82.- “Consulta ambiental a la comunidad.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes”. Art. 83.- Valoración.- Si de los referidos procesos de consulta deriva una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa superior correspondiente; la cual, en el caso de decidir la ejecución, deberá establecer parámetros que minimicen el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas; además, deberá prever métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, así como, de ser posible, integrar laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana., como principio fundamental proyectado desde el carácter democrático, participativo y pluralista de nuestra República , las comunas ,comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, definidas como conjuntos de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, formas de gobierno y control social internos que las diferencian de otras comunidades rurales , el pueblo afroamericano , el pueblo montubio y las comunas gozan de un rango constitucional especial . Forman una circunscripción especial; ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes; mantienen organizaciones que los representan , en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad según sus usos y costumbres, de conformidad con la Constitución y la ley (art. 57.15 .) , se les garantiza participar mediante sus representantes en los órganos oficiales que determine la ley , en la definición , así como en el diseño de y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado (art 57. 16) , ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que ´pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos (art 57.17) y sus territorios no ser desplazados de sus tierras ancestrales(art 57.11) , Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias , que serán inalienables , inembargables e indivisibles . (arts. 57.4). El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios que ellos habitan reviste una importancia esencial para la cultura y valores espirituales, que es reconocida en convenios internacionales aprobados por la Asamblea, donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con su hábitat, no solo por encontrar allí su principal medio de subsistencia, sino porque constituye un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Adicionalmente, el constituyente resaltó la importancia fundamental del derecho de las comunidades indígenas sobre su territorio. Teniendo en cuenta que la explotación de recursos naturales en los territorios tradicionalmente habitados por las comunidades indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a su integridad social, cultural y económica, que configura un derecho fundamental para la comunidad, por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura, esta corporación ha custodiado la protección que debe el Estado a tales pueblos y de manera muy especial ha considerado que en esos casos, su derecho a ser previamente consultados tiene carácter fundamental. Como ha expuesto este órgano judicial, en el primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos, mediante el ejercicio de las acciones populares correspondientes. 5.2 LA CONSULTA PREVIA. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA. Sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos Pueblo Indígena Kichwa de Sarayacu Vs. Ecuador “La obligación del Estado de garantizar el derecho a la consulta del Pueblo Sarayaku 159. La Corte observa, entonces, que la estrecha relación de las comunidades indígenas con su territorio tiene en general un componente esencial de identificación cultural basado en sus propias cosmovisiones, que como actores sociales y políticos diferenciados en sociedades multiculturales deben ser especialmente reconocidos y respetados en una sociedad democrática. El reconocimiento del derecho a la consulta de las comunidades y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre otros, en el respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad cultural , los cuales deben ser garantizados , particularmente, en una sociedad pluralista , multicultural y democrática Es por todo lo anterior que una de las garantías fundamentales para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las decisión es relativas a medidas que afecten sus derechos, y en particular su derecho a la propiedad comunal, es justamente el reconocimiento de su derecho a la consulta, el cual está reconocido en el Convenio Nº 169 de la OIT, entre otros instrumentos internacionales complementarios 178. 161. En otras oportunidades 179, este Tribunal ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En este sentido, esta Corte ha afirmado que al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (artículo 31.2 de la Convención de Viena…), PUNTOS RESOLUTIVOS Por tanto, LA CORTE DECLARA: Por unanimidad, que: 1. Dado el amplio reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, que la Corte ha valorado positivamente, la excepción preliminar interpuesta carece de objeto y no corresponde analizarla, en los términos del párrafo 30 de la presente Sentencia. 2. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en los términos del artículo 21 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku , de conformidad con lo expuesto en los párrafos 145 a 227, 231 y 232 de la presente Sentencia. 3. El Estado es responsable por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal, en los términos de los artículos Sentencia Nro. 001-10 SIN-CC Ecuador Que la consulta Prelegislativa es de Carácter Sustancial y no Formal. Caso SaramaKa vs. Surinan, Corte Interamericana manifiesta que la consulta previa requiere que el Estado realice las consultas previas de buena fe, brindando información y comunicación a través de procedimientos culturalmente adecuados que posibiliten un debate amplio al interior de la comunidad respecto de la procedencia de la explotación propuesta .Asimismo, sostiene la Corte, que es el Estado quien debiera brindar información adecuada y pertinente a la comunidad sobre posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y salubridad a fin de que se acepte o no el plan propuesto en torno a los temas de explotación y exploración. SEXTO. PARÁMETROS DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA 6.2 Propósito.- La consulta previa es de gran relevancia e importancia en especial para las comunidades, pueblos y nacionalidades titulares de derechos colectivos garantizados por el Estado. A través de la consulta se cumplen con el deber primordial del Estado de defender el patrimonio natural y cultural, protegiendo el medio ambiente, promoviendo la participación ciudadana, garantizado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y garantizando la integridad cultural, social y económica de los pueblos indígenas. La consulta previa es un derecho colectivo creado como una garantía a los pueblos indígenas para que permanezcan viviendo de acuerdo a su propia organización política y social en sus territorios. Este derecho está profundamente relacionado con el derecho al territorio y a la libre determinación consagrado en la carta magna que también reconoce que el Ecuador es un Estado Plurinacional. De acuerdo con el derecho internacional, el propósito de la Consulta es alcanzar el consentimiento previo, libre e informado. Sin duda, este es uno de los puntos

más controvertidos para la protección del derecho a la consulta porque está relacionada con la necesidad de obtener el consentimiento de la comunidad afectada por la aprobación de leyes, medidas administrativas, proyectos de uso, prospección o explotación de recursos naturales y construcción de obras de infraestructura. De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso Legal: … los pueblos indígenas consideran que el consentimiento libre, previo e informado es un requisito indispensable de la consulta y una manifestación del ejercicio de su derecho a la libre determinación, definido en la normativa internacional de derechos humanos, que abarca todos los proyectos que los afectan. Asimismo, consideran que el derecho a la consulta les concede un “derecho de veto” por otro la o los Estados quieren que las normas que regulen el derecho a la consulta señalen expresamente la inexistencia de un “derecho de veto” de las comunidades sobre las decisiones adoptadas por las autoridades, que pueda detener proyectos aprobados por ellas Si bien se trata de un punto complejo, los parámetros internacionales arrojan luz al señalar que el consentimiento previo, libre e informado, otorgado de conformidad con las costumbres y tradiciones del pueblo o pueblos afectados es la finalidad de todo proceso de consulta. Esto significa que la consulta debe estar claramente encaminada hacia la obtención del consentimiento, y para ello debe cumplir ciertos requisitos mínimos que han sido establecidos. El Convenio se la OIT establece que “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” En este mismo sentido la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 19 prescribe que los Estados “(…..) Celebraran consultas y cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.” La consulta previa tiene como finalidad el obtener el consentimiento libre del pueblo indígena, informado». De esta forma, se busca evitar la simple comunicación a las comunidades, las prebendas, el chantaje y la amenaza. (Tamariz, 2013). A través de la consulta, no se intenta captar un permiso o acuerdo sino la oportunidad de que los pueblos interesados puedan participar activa y libremente en la formulación, evaluación y dirección de los programas que puedan afectarlos. De acuerdo con las Directrices para la aplicación del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas (2013) del Foro Permanente para las cuestiones Indígenas: “El consentimiento, significa que deben procurar compartir el sentimiento, el parecer entre consultantes y consultados, acercar posiciones, poner de acuerdo. Deben ser, por tanto, espacios para el diálogo transparente y sincero, en los que genuinamente se busquen acuerdos eficaces. Un resultado legítimo de una buena consulta de buena fe y efectiva es que los Pueblos Indígenas lleguen a una decisión final libremente informada final de sus propios procedimientos e instituciones representativas. Se ha definido al consentimiento libre, previo e informado como el derecho colectivo de los Pueblos Indígenas a participar en la toma de decisiones, y a otorgar o negar su consentimiento a actividades que afecten sus tierras, territorios y recursos o derechos en general… 6.3. Procedencia.- Nuestra Constitución en este aspecto es clara al establecer los casos en los cuales debe realizarse la consulta. En primer lugar cuando trate sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente y antes de adoptar una medida legislativa que pueda afectar sus derechos colectivos; de acuerdo al artículo 57 numeral 7 y 17. La Consulta procede no solo cuando exista peligro inminente sino cuando haya impacto o lesión a la comunidad o al ambiente, como consecuencia de la actividad que pretendan realizar las autoridades o las empresas privadas concesionarias de una obra pública o de recursos naturales. De manera que la intención es tutelar el derecho de las comunidades para conocer los proyectos y actividades, de manera que puedan expresar sus opiniones. (Tamariz, 2013) Respecto a la temporalidad la Constitución indica que la consulta debe realizarse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser entendido de acuerdo al principio de buena fe con la finalidad de “ … conseguir el consentimiento, libre, previo e informado con suficiente antelación al comienzo y autorización de las actividades, teniendo en cuenta el proceso de adopción de decisiones de los pueblos indígenas, en las fases de: Evaluación, Planificación, Aplicación (exploración explotación) vigencia cierre el proyecto” Jahncke & Meza, 2010). La Corte Constitucional de Colombia (2008) respecto al Convenio 169 de la OIT índico que el instrumento (…) no establece unas reglas de procedimiento y en tanto que las mismas no hayan sido fijadas en la ley, debe atenderse a la flexibilidad que sobre el particular consagra el Convenio y al hecho de que, de acuerdo con el mismo el trámite de la consulta se somete al principio de buena fe, lo cual quiere decir por una lado, que corresponde a los Estados definir las condiciones en las que se desarrollará la consulta, y por otro, que la misma, para que resulte satisfactoria a la luz del ordenamiento Constitucional. 6.3. Objeto.- Como hemos dicho la Constitución ecuatoriana reconoce expresamente el derecho a consulta previa para proyectos de explotación de recursos naturales no renovables y para medidas legislativas. No obstante, estos aspectos “… no pueden ser interpretadas de forma restrictiva, limitando las situaciones que dan lugar a la consulta, ya que tal como se evidencia en los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, en el caso de las medidas administrativas, su alcance en el marco jurídico nacional no está restringido únicamente a la explotación de recursos naturales” Sotomayor, 2013) De acuerdo a Sotomayor (2013) los casos en los que se debe consultar son los siguientes: (…) Al considerar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (art.6.1, C 169 OIT art 19 DPI). (…) Antes de explorar o explotar recursos del subsuelo (art.15.2, C 169 OIT) y utilización de tierras y territorios para proyectos mineros (art. 30.2 DPI) Utilización tierras para actividades militares (art. 30.2 DPI) – Siempre que se considere la capacidad de los pueblos indígenas de enajenar sus tierras o de transmitirlas fuera de su comunidad (art. 17.2, C 169 OIT) – Antes de ser reubicados (art.16.2, C 169 OIT) – Al organizar e implementar programas de formación profesional especiales (art.22, C 169 OIT) – Adopción de medidas eficaces para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación promover la tolerancia (…) entre pueblos indígenas y otros sectores sociales (art. 15.2, DPI) – Adopción de medidas eficaces para facilitar el derecho de los pueblos indígenas divididos por fronteras internacionales a mantener y desarrollar contactos a través de las fronteras (art. 36.2, DPI) (pág. 55). Se deben consultar los impactos y consecuencias que podría generar la actividad, proyecto o medida que se va a adoptar y la forma de mitigar, prevenir y compensar. El principal objeto de la consulta es buscar el consentimiento de la comunidad, después de haberse definido de manera clara los planes y resultados así como los beneficios y detrimentos que pueden reportar a las comunidades. Un aspecto sustancial que está en relación con el objeto de consulta es la información, la cual debe ser completa sobre los planes de la actividad, proyecto o medida y las especificaciones necesarias para conocer y comprender las actividades a realizarse. De esta manera, se busca garantizar el derecho a la consulta con la finalidad de asegurar los beneficios que se obtengan del proyecto o medida. Además, se tiene que presentar cualquier tipo de información adicional o asesoramiento técnico que se requiera. La información que sea relevante debe ser certera, completa y clara y se debe dar facilidad a las comunidades respecto a la traducción de la información a las lenguas indígenas en aquellas zonas donde se hablen dicha mismo, se debe organizar dar las reuniones que sean necesarias para tratar sobre la información o los elementos específicos de procedimiento para llevar a cabo el proyecto. Las reuniones se deberán hacer con la presencia de las autoridades, expertos en el tema tanto indígenas como no indígenas, las comunidades y sus representantes. (Tamariz, 2013) 6.4. Quién o quiénes son objeto de la consulta.- La Constitución de la República del Ecuador reconoce a las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades como sujetos titulares de derechos colectivos. Por lo tanto, son estos sujetos quienes tienen el derecho a ser consultados. Además, la norma fundamental amplía el abanico de titularidad porque también reconoce como titulares de derechos colectivos a los sujetos, establecidos en la ley, en los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. En otras palabras, quienes deben ser consultados son aquellos sujetos que reúnan la calidad de titulares de derechos colectivos según el marco jurídico ecuatoriano. Un factor de suma importancia en este contexto es la representatividad.- Los procesos de consulta deben llevarse a cabo a través de las instituciones representativas de las comunidades, pueblos y nacionalidades, aspecto el cual está íntimamente relacionado

con el carácter libre de la consulta. Por lo tanto, antes de realizar cualquier tipo de consulta, las comunidades interesadas deberán identificar las instituciones que reúnan los requisitos de representatividad. Si el proceso de consulta no logra realizarse con las instituciones legitimadas para el efecto, no se estarían cumpliendo con los requisitos establecidos en el Convenio 169 de la OIT. (Carrión, 2013) De acuerdo con las Directrices para la aplicación del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas (2013) del Foro Permanente para las cuestiones Indígenas … Al respecto de la representatividad de las instituciones de los Pueblos Indígenas, el Consejo de Administración de la OIT adoptó un informe del Comité Tripartito conformado para conocer una querella por violación del Convenio 169 de la OIT en el que se señaló que: Dada la diversidad de los Pueblos Indígenas, el Convenio no impone un modelo de institución representativa, lo importante es que ésta sea el fruto de un proceso propio, interno de los Pueblos Indígenas.… es fundamental cerciorarse de que la consulta se lleva a cabo con las instituciones realmente representativas de los pueblos interesados». … el principio de representatividad es un componente esencial de la obligación de consulta. [Es] (…) difícil en muchas circunstancias determinar quién representa una comunidad en particular. Sin embargo, si no se desarrolla un proceso de consulta adecuado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales verdaderamente representativas de las comunidades afectadas, la consulta encaminada no cumpliría con los requisitos del Convenio. (pág. 26). El Estado es el encargado de celebrar las consultas mas no de decidir cuáles son las organizaciones o instituciones que representan a los pueblos indígenas o tribales; de ellos (los pueblos) es de donde debe emerger esta decisión y son ellos quienes deberán informar los nombres de sus representantes. En resumidas cuentas, los titulares de derechos colectivos son quienes deben ser consultados de manera previa al inicio de cualquier proyecto, actividad o medida que pueda afectar sus derechos colectivos. Sin embargo, identificar en la práctica a los sujetos de la consulta no es fácil y es materia de controversia en torno a los derechos colectivos. En todo caso corresponde al Estado definir el ámbito de impacto de la medida y permitir que quienes se sientan afectados manifiesten las razones. (Ávila 2015) 6.5. Cómo se debe consultar.- Nuestra legislación interna no está suficientemente dotada de elementos claros que determinen el procedimiento que debe seguirse para cada caso, sino a través de reglamentos y resoluciones respectivos en materias específicas. Por lo tanto, en virtud del principio de Jerarquía Normativa se debe aplicar los procedimientos de acuerdo a los lineamientos y directrices establecidos en los cuerpos normativos que forman el bloque de constitucionalidad de acuerdo al caso en concreto que se trate. En este sentido, el convenio 169 de la OIT en su artículo 6 en concordancia con los artículos 7 y 15 establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas, estableciendo medios para la participación de los mismos. Además, las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas estableciendo los mismos parámetros la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. SEPTIMO.- ARGUMENTOS Y RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS. Los accionados en su defensa han manifestado la falta de legitimación activa de la parte actora conforme al Art 9 LOGJCC, que el Dr. Pérez no vive en la parroquia Molleturo y tampoco los que han presentado la acción; que han cumplido con la consulta previa en las fechas y programaciones fijadas , que se han realizado seminarios reuniones y que se consultó en las fechas 27, 28, y 29 Mayo de 2011 en la escuela Fiscal Arturo Venegas , en la casa parroquia de chaucha y en la iglesia San Gabriel de Chaucha ; y , que la presente acción no es materia de resolución del Juez Constitucional porque existen otras vías como la contenciosa administrativa , determinado así los accionados los siguientes interrogantes jurídicas : ¿Existe legitimación activa en la causa? , ¿Se han cumplido los requisitos establecidos en los numerales del Artículo 40 de la LOGJCC? , ¿La acción presentada se encuadra en alguno de los supuestos contenidos en los numerales de improcedencia del Artículo 42 de la LOGJCC? 7.1.- RESOLUCIÓN ARGUMENTOS DE LOS ACCIONADOS.- Un elemento central dentro del paradigma de los derechos bioculturales es el concepto de comunidad o de colectivo, que debe ser dimensionado como un término que incluye a las comunidades indígenas, étnicas, tribales y tradicionales, cuyas formas de vida son predominantemente “basadas en el territorio y quienes tienen fuertes vínculos culturales y espirituales, con sus tierras tradicionales y sus recursos. Mientras las comunidades son calificadas mediante diversas categorías incluyendo etnicidad, recursos compartidos, intereses comunes y estructura política, el término comunidad, es usado para denotar grupos de personas cuya forma de vida está determinada por su ecosistema En este sentido, por ejemplo, las comunidades locales, étnicas e indígenas que hacen valer sus derechos bioculturales, se fundamentan en los siguientes preceptos: “1.- la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica de las comunidades basado en una forma de vida y los derechos bioculturales deben proteger esta manera de vivir; 2.- La forma de vida relevante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica está vinculada con una tenencia y uso de la tierra, e igualmente, derechos a la cultura, conocimiento y a distintas prácticas. En resumen, se puede concluir que la premisa central sobre la cual se cimienta la concepción de la bioculturalidad y los derechos bioculturales es la relación de profunda unidad entre naturaleza y especie humana. En el momento de la réplica la parte accionante ha manifestado “ Se dice que no hay legitimidad activa , de las cedulas originales de tres comuneros que presentaron la demanda son de Rio Blanco , Molleturo de ascendencia de la Comunidad y son de San Felipe de Molleturo , que la identidad no se lleva en la apariencia , sino en el corazón , da lectura de las mismas , se demuestra que son oriundos de la parroquia Molleturo existiendo legitimidad activa” , conforme la revisión de los mismos son personas nacidas en la parroquia Molleturo , además conforme se ha manifestado en literales anteriores , quienes deben ser consultados son aquellos sujetos que reúnan la calidad de titulares de derechos colectivos según el marco jurídico ecuatoriano , y de la revisión de la acción el Dr. Pérez comparece en calidad de Presidente de la Confederación de los pueblos Kichwas del Ecuador ECUARUNARI y de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI y en calidad de Procurador Común de la acción , por lo que la alegación no tiene asidero jurídico. La procedibilidad de las tutelas promovidas por minorías étnicas y, en general, por grupos y sujetos en situación de vulnerabilidad debe examinarse con criterios ponderados. Tal flexibilización tiene su justificación en la necesidad de derribar los obstáculos y las limitaciones que han impedido que estas poblaciones accedan a los mecanismos judiciales que el legislador diseñó para la protección de sus derechos en las mismas condiciones en que pueden hacerlo otros sectores de la población. En aras de compensar esas dificultades y de hacer efectivo el deber de especial protección que las autoridades y, en especial, los jueces de tutela, tenemos frente a los grupos y sujetos de especial protección constitucional , y facilitar el acceso a la justicia de poblaciones tradicionalmente alejadas del aparato judicial por razones de aislamiento geográfico, postración económica o por su diversidad cultural, tiene plena justificación en el marco de un Estado comprensivo de la diversidad étnica y de las especificidades que caracterizan a aquellos grupos que se identifican como culturalmente distintos de la sociedad dominante. 7.2.- Sobre la argumentación de que no cumple requisitos establecidos en los numerales del Artículo 40 LOGJCC y que existen otras vías distintas a la Constitucional. La presente acción se está solicitando es suspender los efectos de la autorización de Explotación minera de Rio Blanco, por omisión del derecho a la consulta previa, libre e informada. El artículo 88 de la Constitución define la esencia y el ámbito de la Acción de Protección; éste es el parámetro en el que se debe estudiar el caso que se ha planteado, para definir la pertinencia de la Acción. La finalidad de la acción de protección, por tanto, es amparar de manera directa y eficaz los derechos reconocidos en la Constitución y que han sido vulnerados. No se requiere agotar ninguna vía de la justicia ordinaria, para acceder al proceso constitucional. Basta la existencia de un acto u omisión de autoridad pública o de un particular, que tenga como consecuencia la violación de derechos constitucionales o su amenaza de violentarlos; siendo así la naturaleza jurídica de la Acción de Protección, como está desarrollada en el texto constitucional citado, no es residual, subsidiaria, ni meramente cautelar . Así realizada una pequeña síntesis del verdadero espíritu de creación que tuvo el Constituyente de Montecristi al instituir la acción de protección. En virtud del argumento de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, cabe en los casos en que existan

medios judiciales ordinarios de protección al alcance del actor; el amparo será procedente si el juez constitucional logra determinar que: (1) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (2) se requiere del amparo constitucional como mecanismo transitorio, puesto que, de lo contrario, se configuraría un perjuicio irremediable; y, (3) el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es un sujeto de especial protección constitucional. Sobre el particular es preciso recordar que los accionantes, al ser comunidades étnicas autodefinidos, campesinos/as y sujetos de especial protección constitucional, obran según su acción, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio. Ahora bien, el argumento según el cual la tutela no es procedente porque busca proteger derechos no fundamentales, y que adicionalmente son susceptibles de protección a través de otro medio de defensa judicial, no es recibido en el presente caso por dos razones principales. En primer lugar, es cierto que los demandantes aducen graves afectaciones al medio ambiente en el que viven, y el derecho al medio ambiente sano es un derecho colectivo. Sin embargo, en el presente caso la vulneración del derecho a gozar de un medio ambiente sano tiene repercusiones sobre otros derechos y principios constitucionales que, tanto el texto de la Constitución como la jurisprudencia, reconocen como fundamentales. Tales son los derechos a la salud, tanto de los niños como de los adultos mayores, y el principio de dignidad humana, reconocido como un principio fundamental en el artículo 11 numeral 7 de la Constitución. Es así como el artículo 32 de la Constitución Política reconoce el carácter fundamental del derecho a la salud y a la integridad física de los niños art 44 misma norma superior. En segundo lugar, debe recordarse que los demandantes se pertenecen a comunidades de la parroquia Molleturo, que vienen ocupando históricamente territorios que les han sido reconocidos y titulados colectivamente de acuerdo con sus prácticas usos y costumbres tradicionales. En esa medida, la protección del medio ambiente sano del que son titulares estas comunidades está estrechamente ligada con la protección del territorio, ya que el medio ambiente sano va más allá de la simple diversidad biológica: es una condición necesaria para el goce efectivo del derecho al territorio. En este sentido, se entiende que contar con un medio ambiente sano es una condición necesaria para garantizar otros derechos fundamentales de las comunidades étnicas, como son: la identidad colectiva y la integridad cultural. Por lo tanto, la protección del medio ambiente sano de las comunidades de Molleturo adquiere especial relevancia desde el punto de vista constitucional, dado que es una condición necesaria para garantizar la vigencia de su estilo de vida y de sus tradiciones ancestrales. En mérito de lo expuesto, es claro que concurren todos los requisitos requeridos para la procedencia de la acción de tutela. Dicho esto, se procederá a estudiar el fondo del asunto. OCTAVO DETERMINACION DEL SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER: ¿Se vulnero el derecho a la consulta, previa, libre e informada art 57.7 como derecho colectivo? 8.1 LO QUE SE DEBATE.- Afirmaron los actores, primero que se otorgó a la empresa minera la concesión para la explotación en Rio Blanco de territorios que les corresponden, sin que los dirigentes y peor los comuneros habitantes de estas comunidades conozcan que se haya realizado la consulta previa libre e informada”. Además, señalaron los accionantes que no están de acuerdo con la exploración y explotación en sus territorios, porque el proyecto minero genera un impacto ambiental”. 8.2 ANÁLISIS DEL FONDO DEL PROBLEMA.- La protección de los más débiles o personas en condición de gran vulnerabilidad, del reconocimiento de la interculturalidad de la nación y de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, la participación ciudadana todos ellos son pilares fundamentales del Estado , a través de la Consulta previa como derecho colectivo , se garantiza a los pueblos indígenas para que permanezcan viviendo en sus territorios de acuerdo a su propia organización política y social, derecho profundamente relacionado al territorio y a la libre determinación consagrado en la carta Magna que reconoce al Ecuador como un Estado Plurinacional. El convenio 169 de la OIT establece que las consultas deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias , se busca evitar la simple comunicación a las comunidades , las prebendas , el chantaje y la amenaza , a través de la consulta , no se intenta captar un permiso o acuerdo sino la oportunidad de que los pueblos puedan participar libremente y activamente, cuando se trata sobre planes y programas de prospección explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y pueda afectarles , la intención es tutelar el derecho de las comunidades para conocer los proyectos y actividades de manera que puedan expresar las opiniones dentro de un plazo razonable que deba ser entendido bajo el principio de buena fe ,con la finalidad de conseguir el consentimiento libre , previo e informado con suficiente antelación al comienzo de las actividades , no obstante estos aspectos no pueden ser interpretados de forma Restrictiva , limitando las situaciones que den lugar a la consulta . 8.3.-PRUEBAS.- En el presente caso conforme a los argumentos expuestos por las partes accionadas, la gran mayoría de respuestas que las diferentes entidades públicas hicieron llegar a este juzgador en la audiencia pública , tienen un denominador común y es el de evidenciar una notable falta de información, coordinación y articulación de funciones entre las mismas , a más de las versiones vertidas en la audiencia pública por sus funcionarios y los documentos presentados como pruebas a fojas 336 y siguientes , 402 y siguientes de la revisión de los mismos conforman procesos informativos , a fojas 521 se presenta el Estudio de Impacto ambiental y plan de manejo ambiental y a fojas 624 y siguientes la resolución de Licencia Ambiental y un registro de asistentes a la audiencia pública llevada a cabo los días 27, 28 ,29 de mayo del 2011 que como título dice “ Audiencia Pública de la presentación del Borrador del Estudio de Impacto , ambiental del Proyecto Minero Rio Blanco Fase de Explotación y Beneficio“ ( a fojas 644 a 656) , todas estas presentadas por la parte accionada como su prueba , sin que llegaran a justificar con las mismas la Consulta previa , Libre e Informada , bajo los parámetros establecidos por el convenio 169 de la OIT y jurisprudencia de la materia. 8.4.- Como prueba presentada por la parte accionante han presentado una escritura pública a fojas 203 y siguientes sobre la compraventa realizada por la comuna Zhagal a Hortensia Mata de fecha 5 de junio de 1930 , con la que justifican su derecho al territorio , también han presentado un informe de la Prefectura del Azuay sobre afectaciones ambientales , el Registro Oficial número 79 de fecha jueves 14 de septiembre de 2017 a fojas 50 vuelta de los autos donde se desprende lo siguiente : “Que de conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040 , publicado en el Registro Oficial N.332 de 08 de mayo de 2008 , el proceso de Participación Social del Borrador del Estudio de Impacto ambiental y Plan de manejo Ambiental del proyecto Minero Rio Blanco , “Fase de Beneficio “ , se realizó mediante Audiencia Pública los días 27, 28, 29 de mayo del, en la escuela Fiscal Arturo Vanegas en la casa parroquial de Chaucha y en la iglesia de chaucha, sin embargo , la audiencia pública convocada para el día 29 de Mayo en el teatro de Molleturo no pudo llevarse a cabo pues parte de la comunidad no permitió el ingreso a las instalaciones , conforme se desprende del informe técnico No. 196-2011-PS-DNPCA-SCA-MA del 17 de Junio del 2011“ que conforme por las pruebas presentadas se desprende que lo que se ha realizado son varias asambleas y mesas informativas constituyendo los mismos un inadecuado procedimiento de consulta previa libre e informada ; llamo mucho la atención la investigación Nro.1 Caso DPE-0101-010101-209-2018-002344-LAL de la defensoría del pueblo a fojas 244 de autos en la cual se detallaron los principales problemas encontrados en materia de garantía de una amplia gama de derechos fundamentales y condiciones de vida en general, y se hicieron una serie de conclusiones : “ Se puede señalar que la mayoría de población entrevistada , señala a la presencia minera como la causante de impactos sociales y ambientales , siendo el impacto social el más visible sobre todo dado por la debilidad del tejido social de la comunidad , reflejado en la rivalidad entre familias y comunidades , unas a favor de la explotación minera y otras en contra de esto demostrando en las entrevistas realizadas ,tanto personas en contra de la minería , así como también a favor , resaltan la alta conflictividad que vive Rio Blanco tras la llegada del proyecto minero“. 8.5.- La Constitución reconoce a las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades como sujetos titulares de derechos por lo tanto son estas personas las que tienen que ser consultadas, en otras palabras los que tiene que ser consultados son quienes reúnan la calidad de titulares de derechos colectivos, un factor de suma importancia en este contexto es la representatividad que en el presente caso nos ceñimos a 50 has de implantación o zona de polvorín y bocaminas , la concesión minera es de casi 5000 hectáreas , a 72 comunidades y organizaciones de representatividad

como asociantes de agua y demás organizaciones agroecológicas . Los procesos de consulta deben llevarse a cabo a través de las instituciones representativas de la comunidad pueblo y nacionalidad, aspecto del cual está relacionado con el carácter libre de la consulta, por lo tanto antes de realizar cualquier tipo de consulta las comunidades y organizaciones interesadas debieron identificar las instituciones que reúnan los requisitos de representatividad , si el proceso de consulta no logra realizarse con las instituciones legitimadas para el efecto no se está cumpliendo con los requisitos establecidos en el convenio 169 de la OIT , es decir la representatividad es un proceso propio interno de los pueblos indígenas ; sino se desarrolla un proceso adecuado con las instituciones y organizaciones verdaderamente representativas de las comunidades afectadas , la consulta encaminada por los ministerios no justifica la Representatividad de las personas firmantes en las actas adjuntados , no se justifica un proceso anterior propio e interno de las comunas ,comunidades pueblos indígenas , en donde se designen sus representantes , no se justifica que quienes se sienten afectados hayan manifestado sus razones , conforme a las conclusiones establecidas por la defensoría del Pueblo en el informe presentado , no justifican la razones porque no se llevó acabo la audiencia pública convocada para el día 29 de Mayo del 2011 en el teatro de Molleturo, porque la comunidad no permitió el ingreso y porque si sucedieron estos inconvenientes se aprobó el informe de impacto ambiental. En el caso bajo estudio, se pudo constatar que el ministerio ambiente desarrollo asambleas Publicas los días 27, 28 y 29 de Mayo del 2011 en la escuela Fiscal Arturo Vanegas en la casa parroquial de Chaucha y en la iglesia de chaucha, pero no se justifica la no realización en cada una de las comunidades afectados por la exploración y la explotación minera que se desea acometer. Frente a las condiciones de tiempo, modo y lugar en que debe producirse la consulta a la que se ha venido aludiendo, es preciso recordar que el Convenio 169 de la OIT, sin bien no establece unas reglas estrictas de procedimiento, implica que el trámite de la consulta esté ceñido al principio de la buena fe, en cuanto “se trata de propiciar espacios de participación, que sean oportunos en cuanto permitan una intervención útil y con voceros suficientemente representativos, en función del tipo de medida a adoptar”. La consulta es una relación de comunicación y entendimiento, caracterizada por el mutuo respeto, la transparencia y la confianza recíproca entre los auténticos voceros de las comunidades e indígenas y las autoridades públicos, en procura de: a) Que la comunidad tenga conocimiento pleno sobre los proyectos. b) Que igualmente sea enterada e ilustrada a cabalidad sobre la manera como la ejecución de los proyectos puede conllevar una afectación o variación sobre sus derechos, sus tradiciones y, en general, el hábitat. c) La comunicación abierta, oportuna, libre y sin interferencias extrañas, procurándose la convocatoria de los representantes legítimos, en todo lo que conduzca a “participar activamente e intervenir en su modificación, si es preciso”, todo para que de manera conjunta, consciente y sincera sean presentadas y valoradas las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad, cuyas inquietudes y observaciones serán atendidas no solo en lo concerniente a los intereses primarios y directos, sino en torno a los valores superiores de preservación cultural y ecológica. Ese proceso de consulta aconseja que antes de radicar el acta para su formalización, el texto se haya divulgado entre las comunidades interesadas, se avance en la ilustración a tales grupos sobre su alcance, y se abran los escenarios de discusión que sean apropiados. En el presente caso no se actuó de manera adecuada para procurar que la comunidad conociera el contenido del proyecto y posteriormente, con conocimiento de causa, pudiese decidir con suficiente ilustración, previo el análisis de sus propias perspectivas y prioridades. Tampoco se consultó a todas las comunidades, como ya se indicó. Los Ministerios del ambiente y de Minas debieron adelantar el proceso de consulta previa con todos los grupos vernáculos que van a ser afectados con el proyecto minero, dándoles amplias facilidades para que conozcan integralmente el proyecto y que todos pudiesen participar, debidamente ilustrados, lo cual en este asunto no se posibilitó. Como se ha observado, tales requerimientos no fueron satisfechos en debida forma por las autoridades, en cuanto sólo se efectuó la consulta con algunas dirigencias interesadas, y no siempre a través de representantes válidamente acreditados. DERECHO CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO.- Un estado calificado como constitucional; enmarcado bajo los principios rectores de la justicia, democracia, así como del reconocimiento y respeto de los derechos. Se formaliza entre otros principios además de los citados, en la necesidad de que los conflictos sociales se atiendan y discutan, en un marco reglado e institucionalizado de resolución de peticiones y/o controversias; sea en sede administrativa o jurisdiccional. En éste sentido. La atención; y, discusión de las problemáticas sociales, precisan la instauración de un proceso dialógico, que sustentado en el ejercicio de la acción y contradicción se constituya en un medio para la determinación y resolución de las controversias. No obstante, es menester señalar que no toda tramitación de un proceso puede calificarse debida, por el mero cumplimiento de las etapas que los componen. Lo constituirá aquel proceso en el cual se respetan, garantizan y aseguran a través de su aplicación, los derechos de los participantes que lo integran, por medio del cumplimiento de un conjunto de garantías previstas para el efecto. Cuya finalidad radica precisamente en que el sistema procesal sea un medio para la realización de la justicia (art. 169 Constitución de la República). Así el art. 76 de la Constitución de la República reconoce qué: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas (…)”. Destacándose con ello la dimensión subjetiva del debido proceso como un derecho fundamental de protección. Al respecto la Corte Constitucional del Ecuador, ha sostenido como criterios “obiter dicta” en forma reiterada: que: “El debido proceso es un derecho primordial que le asiste a las partes que se encuentran sometidas a un proceso judicial o administrativo; por tanto, existen garantías que deben ser observadas y aplicadas, con el objeto de que el proceso se constituya en un medio para la realización de la justicia». “Ha señalado esta Corte que el debido proceso conlleva un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, constituyendo además una concreta disposición desde el ingreso al proceso y durante el transcurso de toda la instancia, para concluir con una decisión adecuadamente motivada que encuentre concreción en la ejecución de lo dispuesto. Por tanto, a este derecho como el «conjunto de principios a observar en cualquier procedimiento, no solo como orientación sino como deber, destinado a garantizar de manera eficaz los derechos de las personas»; y que: De igual manera: “La finalidad del debido proceso no es el proceso en sí mismo, sino la garantía de los derechos de los ciudadanos expresada en la observancia de normas procedimentales. Se viola el debido proceso cuando a través de la inobservancia de procedimiento se afecta derechos fundamentales y no viceversa, es decir, no se produce violación al debido proceso cuando se ha puesto en primer lugar el respeto de los derechos humanos como más alto deber del Estado. (…)” Siendo por ello, que se ha catalogado al derecho fundamental al debido proceso como de estructura compleja; puesto que se compone de una red de reglas y principios que en su conjunto materializan su existencia, los cuales tienen correlativamente por objetivos: 1) la limitación el ejercicio del poder público; y, 2) la garantía de un trato paritario a los participantes; 3) así como la finalidad de constituir una garantía de proscripción de indefensión respecto de los participantes, destacándose con ello la dimensión objetiva de éste derecho. 8.7 COSMOVISION INDIGENA SOBRE LA TIERRA.- La pachamama (madre tierra) cumple, en cierto sentido, una función simbólica : relaciona los tres estratos del universo , a través de su fecundidad .El sol (inti: masculino) , mediante la lluvia ( para :femenino) , fecunda a la tierra “tierra virgen” , y el runa ayuda en este proceso labrándola , ósea : abriéndola para “relacionarla” con las fuerzas de ukhu pacha . Sintetizando las fuerzas de arriba (hanaq) y abajo (uray), la pachamama es la fuente principal de vida, y, por tanto, de la continuación del proceso cósmico de regeneración y trasformación de la relacionalidad fundamental y del orden cósmico (pacha). En este sentido, hasta podríamos traducir pachamama no solamente como madre tierra, sino como madre del cosmos o principio cósmico femenino, la naturaleza (pachamama) es un organismo vivo, y el ser humano es, en cierta medida, su criatura que hay que amamantar, el hombre está ligado estrechamente a todos los fenómenos de la naturaleza, un cambio en la naturaleza, también afecta al hombre, y un cambio irregular por parte del ser humano lleva a trastornos, meteorológicos, agrícolas. 8.8 RESOLUCION DEL SEGUNDO PROBLEMA JURIDICO.- Como consecuencia jurídica de la omisión frente al deber y al derecho de consulta, este órgano Jurisdiccional precisa que es susceptible de la acción constitucional, por medio del cual las comunidades nativas de Molleturo pueden obtener que no

se hagan efectivas medidas que no hayan sido previa y debidamente consultadas con un debido proceso, y que se disponga la adecuada realización de las deliberaciones que sean necesarias. DECISION .- Sin que sea necesario abundar en la argumentación para concluir ; esta órgano Jurisdiccional del Cantón Cuenca, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, RESUELVE: PRIMERO.- Aceptar la Acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades de Molleturo en relación al Proyecto Rio Blanco. Segundo: En consecuencia, ORDENA a todas las autoridades accionadas, que en el ámbito de sus respectivas funciones y de inmediato, hagan SUSPENDER las actividades de explotación que se estén desarrollando del contrato de concesión denominado Rio Blanco. 2.1 Como medida de restitución al derecho vulnerado: Realícese la consulta previa, libre e informada conforme al convenio 169 de la OIT. Tercero: ORDENAR la desmilitarización gradual y paulatina de los sectores donde se encuentra el conflicto, precautelando la integridad de los miembros de las comunidades y evitando conflictos de cualquier orden incluidos los de minería ilegal. Cuarto: De conformidad al Art. 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, delegar el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia al Director Regional de la Defensoría del Pueblo, quien informará periódicamente sobre tal cumplimiento y podrá ejercer las acciones que sean necesarias para cumplir esta delegación. Envíese una copia de esta sentencia a la Defensoría del Pueblo del Azuay. Ejecutoriada esta sentencia, remítase la misma a la Corte Constitucional en cumplimiento del numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador.-Notifíquese.

04/06/2018 14:27