Normativa ambiental ecuatoriana

Andrés Martínez Moscoso

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A una década de vigencia de la Constitución de Montecristi (2008), debería ser nuestra obligación realizar un balance de su aplicación, beneficios y contenido de la parte orgánica y dogmática, pero sobre todo es fundamental preguntarnos si las grandes incorporaciones y ampliaciones de derechos dieron el resultado planificado por el constituyente. En esta columna intentaré explicar los retos en materia ambiental, desde el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, que pasó de una visión antropocentrista a una biocentrista.

En ese sentido, desde el 12 de abril de 2018, rige el Código Orgánico del Ambiente, COA (aunque debería usarse las siglas COAM, o CODA, pues presta a confusiones con el Código Orgánico Administrativo, COA), el cual ha tenido un interesante camino, pues en primera instancia, parte de su articulado fue sometido a Consulta Prelegislativa, y su publicación se hizo en abril de 2017 (plazo de 12 meses para entrada en vigencia).

El COA tiene por objeto garantizar a la personas el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la protección de los derechos de la naturaleza, para ello se estructura a través de siete libros: Preliminar; Régimen Institucional; Patrimonio Natural; Calidad Ambiental; Cambio Climático; Zona Marino Costera; Incentivos Ambientales; y, Reparación Integral de Daños Ambientales y Régimen Sancionador. Así como contiene un “Glosario de términos”, aspecto polémico desde el punto de vista jurídico, pero que define 52 términos.

Al tratarse de una Ley Orgánica que codifica la normativa ambiental ecuatoriana, a más de las reformas respectivas que se plantean en leyes relativas a la materia como Salud, Caminos, COOTAD, Código Civil, y Ley de Minería. Es fundamental la derogación de normas que realiza, entre ellas: Ley de Gestión Ambiental; Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; Ley que Protege a la Biodiversidad en el Ecuador; Ley para la Preservación de Zonas y Reserva y Parques Nacionales; y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.

El libro Preliminar del COA destaca por sus referencias a su objeto, ámbito de aplicación, fines y al derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El art. 6 se refiere a los derechos de la naturaleza, los cuales si bien es cierto están reconocidos a nivel constitucional, en esta normativa se suponía que se definirían su aplicación y contenido, no obstante, una crítica al cuerpo legal es precisamente lo somero en su tratamiento.

Un aspecto a destacar es la obligación que se establece para que en todas las decisiones públicas (manifestación de la administración pública y providencias judiciales) o privadas, en relación a la conservación, uso y manejo del ambiente, se tengan presentes los diez principios ambientales: responsabilidad integral; mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales; desarrollo sostenible; el que contamina paga; in dubio pro natura; acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental; precaución; prevención; reparación integral; y, subsidiariedad.

Sin duda con la vigencia del COA se establece una nueva etapa en la defensa de la naturaleza y la garantía del medio ambiente sano. Está en cada uno de nosotros hacer que sea una normativa efectiva, y que no quede tan sólo en la letra muerta de la ley. (O)

@andresmartmos