Reformas a ley mordaza

Carlos Castro Riera

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La Asamblea Nacional debate el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, remitido por el presidente Lenín Moreno, con el objetivo es restablecer a plenitud la libertad de expresión, información y comunicación.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) promulgada en el gobierno anterior fue uno de los instrumentos políticos para controlar y subordinar a la opinión pública a los intereses del régimen autoritario, legitimar a través de la propaganda y publicidad las acciones del poder político, amordazar al periodismo nacional especialmente el investigativo, perseguir a los medios de comunicación críticos al gobierno y encubrir la corrupción sistémica que transformó al Estado en una maquinaria de latrocinio.

Se llegó inclusive a la monstruosidad jurídica de reformar la Constitución para que ésta se acople a la LOC, para convertir el derecho a la comunicación en un servicio público, y de esta manera agudizar aún más el control del gobierno a los medios de comunicación social en el contexto de un proyecto político totalitario de rasgos fascistas.
Lo primero que debe clarificar la reforma, es el ámbito de aplicación de la Ley y lo que se considera como medio de comunicación social, diferenciando claramente el universo de las redes sociales que funcionan a través del internet o tecnologías de similar naturaleza, pues se recordará que horas antes de que termine el anterior gobierno se remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley, que con el pretexto de regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, se pretendía atropellar aún más la comunicación.

Por otra parte, si bien la reforma se elimina la tristemente célebre SUPERCOM, sin embargo, existe el riesgo de que cualquier otro organismo, cumpla los mismos roles, lo cual significaría una reedición corregida y aumentada del pasado. En este orden de ideas preocupa que se deje en forma abierta la facultad de la Defensoría del Pueblo “para que en uso de sus atribuciones otorgue de manera inmediata medidas de protección y restitución de derechos”, fórmula que se repite a lo largo del texto del proyecto de reformas, pues en nombre de ejercer tal potestad, bien se puede caer en la arbitrariedad al no señalarse con precisión cuales son esas “medidas de protección y restitución de derechos”, porque así en forma general y abstracta el Defensor del Pueblo tendría competencia para imponer discrecionalmente cualquier obligación de dar, hacer o no hacer.

Debería igualmente precisarse el concepto de rectificación y réplica y los requisitos de forma, contenido y procedencia, y en particular la garantía para lo no autoincriminación de los medios de comunicación, pues en el pasado se imponía por parte de la SUPERCOM la publicación de cualquier basura o propaganda política, distorsionándose dichos derechos.
Finalmente, se debe analizar las repercusiones del Código Orgánico Administrativo (COA) en la Ley Orgánica de Comunicación, pues de acuerdo con el COA en el procedimiento administrativo se pueden pedir actuaciones previas, medidas provisionales y cautelares a petición de parte interesada o de oficio. Esas medidas de protección pueden ser entre otras, la clausura de establecimientos, suspensión de la actividad, retiro de productos, documentos u otros bienes. Estas medidas en el ámbito de la comunicación podrían ser utilizadas por el poder político para intervenir en los medios de comunicación acosándoles o silenciándoles. (O)