Seudónimos usados en el caso de corrupción dentro de Municipio de Quito

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Desde el 20 de abril corre el plazo de 90 días de instrucción fiscal para investigar, determinar responsables, participación y otros detalles sobre el presunto delito de asociación ilícita que se habría cometido en el Municipio de Quito. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal provincial de Pichincha, Fabián Salazar, presentó varios elementos de convicción para sustentar el inicio del proceso penal, como las conversaciones telefónicas vinculantes en las que se presume que los procesados fijaban puntos de encuentro para receptar dinero que provenía de los transportistas. Expuso que incluso se identificaban a través de los seudónimos “Ingeniero”, “Gordo”, “Flaco”, “Secre”, “Pepe” y “Mona”. Además, el fiscal dio a conocer que dos procesados habrían intercambiado USD$18.000.
Por su parte, la jueza de Pichincha, María de los Ángeles Montalvo, dispuso el inicio de la instrucción fiscal y el uso de dispositivos electrónicos para los ocho investigados: Eddy S., Sergio G., Fausto M., Rubén L., Xavier V., Segundo S., Mónica G. y Andrea F. Además, la prohibición de salida del país, presentación cada 15 días ante la autoridad competente, prohibición de enajenar bienes inmuebles, así como la retención de valores que tengan en el sistema financiero nacional.

Salazar solicitó la prisión preventiva para todos los indagados, entre ellos dos concejales y cuatro altos funcionarios del Municipio, sin embargo, la jueza consideró que la petición no cumplió con los requisitos constitucionales y legales para que opere la medida restrictiva de la libertad y dictó las medidas cautelares anotadas.

Modesto Tamayo, abogado de Segundo José S., presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito, aseguró que la Fiscalía no detalló las conductas en las que habría incurrido su cliente. Indicó que habrá que esperar al proceso de la instrucción fiscal para que se formule la acusación y denunció “un manejo irregular” del expediente, ya que todavía no ha habido acceso al mismo.

El proceso de investigación inició luego de denuncias presentadas por transportistas de Pichincha. Según la Fiscalía, “los funcionarios habrían solicitado dinero para otorgar permisos de operación de buses y taxis”.

El caso se formalizó luego de que la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) de la Policía pusiera en conocimiento a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI) sobre la presunción del delito.

Eduardo Estrella, agente fiscal Fedoti 8, señaló que en enero se inició una investigación a través de seguimientos y vigilancias e investigaciones técnicas, las cuales tuvieron un primer desenlace el jueves, donde ocho personas fueron detenidas en medio de un operativo desarrollado por la Fiscalía.

De igual manera, 14 fueron los inmuebles allanados, entre ellos la Secretaría de Movilidad; Empresa Metropolitana de Movilidad, la Cámara de Transporte y la Alcaldía. Las primeras indagaciones detallan que esta presunta red habría movido al menos USD$80 millones.

Durante los allanamientos, se incautó gran cantidad de dinero y otros elementos que podrían servir como evidencias en la sustentación del caso.

El presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, Carlos Brunis, expresó que el gremio no tiene relación con ese caso y que se encuentra en asamblea permanente.

Fuente: El Telégrafo