Las comisiones legislativas

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Un nuevo intento para reformar las comisiones legislativas, fracasó en días pasados ante la falta de acuerdos entre las principales fuerzas que se formaron al interior de la Asamblea Legislativa. Las conversaciones entre la oposición y los legisladores que están con el gobierno, no cuajaron y con ello quienes resultaron beneficiados son los representantes del correísmo que siguen al frente de la mayoría de las comisiones. El problema no es desde luego el simple cambio de nombres de quienes integran las comisiones. El tema que importa es que buena parte de ellas no tiene un funcionamiento regular porque quienes las presiden no tienen la confianza de los integrantes y porque la actual integración no garantiza –como no lo ha hecho en los últimos diez años-la fiscalización.

Durante los diez años pasados, la función legislativa permaneció secuestrada por el ejecutivo, que transformó a la Asamblea en simple tramitadora de los asuntos que interesaban al mandatario. Un recuento de los cuerpos legales aprobados deja en claro que la enorme mayoría de ellos llegaron desde el ejecutivo. Con esa tramitología, la Asamblea casi no generó leyes desde su interior, con lo cual puede decirse que también falló en legislar. En cuanto a fiscalizar, esta función estuvo severamente limitada hasta el punto que la comisión encargada fue bautizada como comisión de archivo.

Con el advenimiento de un nuevo gobierno así como con la nueva relación de fuerzas, parecía que ese panorama cambiaría. Más todavía cuando a raíz de la separación del Presidente de la Asamblea, la nueva Presidenta anunció entre sus prioridades, la reorganización de las comisiones. Sin embargo, bien sea por falta de acuerdos o por razones desconocidas, la verdad es que esa reorganización no se produce y con ello quien pierde es el país que tenía la esperanza de que por fin la Asamblea pueda tomar un nuevo rumbo cumpliendo con sus dos principales funciones como son legislar y fiscalizar.