Ramiro González, otro exministro de Correa, acusado de tráfico de influencias

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La Fiscalía acusó ayer a Ramiro González, exministro de Rafael Correa y expresidente del Directorio del IESS, por presunto tráfico de influencias. Él y otras siete personas están siendo procesadas tras la suscripción de un contrato por cerca de 3 millones de dólares para la limpieza integral de los hospitales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Babahoyo.

El citado contrato se suscribió con la empresa SuperClean por un monto de 2’991.000 dólares y, según un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, se encontraron inconsistencias e irregularidades porque no se cumplió con la normativa legal existente en 2012, año en que se firmó el contrato.

Según las investigaciones de Fiscalía, Ramiro González habría ejercicio presión personalmente a los encargados de contratación para que se elija a la citada empresa.

En este mismo proceso penal, la excoordinadora nacional de las Unidades Médicas del IESS María Sol Larrea, quien fue la ‘mano derecha’ de González durante mucho tiempo, se sometió al procedimiento abreviado y fue sentenciada a un año de prisión, tras aceptar que cometió el delito.

Para justificar esta contratación, Larrea presentó un oficio del costo beneficio de lo que significaría la contratación de una empresa privada, en lugar de la contratación de personal por parte del IESS. Aseguró que para el hospital de Santo Domingo el Estado se ahorraría 4’135.400 dólares y 3’000.800 en el de Babahoyo.

González desarrolló gran parte de su carrera política en la Izquierda Democrático y llegó a ser Prefecto de Pichincha. Luego, fue candidato a la Vicepresidencia junto a León Roldós, en la elección que terminó ganando Rafael Correa. Formó parte y defendió las políticas de Correa, pero luego se volvió opositor, tras formar el partido Avanza, mientras era director del IESS.
Su abogado, Raúl Rosero, se negó a responder ante la prensa sobre la acusación a su cliente.

Jueza llama la atención al Fiscal

Antes de que se emitiera el dictamen, el fiscal José Maldonado alegó supuestos vicios de competencia y dijo que la Corte Nacional sería la competente para proseguir la causa.

No obstante, la jueza del caso, Paola Campaña, dijo que era inaudito que realizara la alegación en esa etapa procesal, porque se trata de una resolución de 2009.

La Jueza concluyó llamando la atención severamente al fiscal Maldonado, por tratar de inducir a error a la autoridad pidiendo la aplicación de una norma que se encuentra derogada.

Fuente: La Hora