Alcalde de Sevilla llamado a juicio

447
El fiscal Adrián Rojas, explicó ayer detalles de este caso.(Archivo)

El alcalde del cantón Sevilla de Oro, Aurelio Rubio, ha sido llamado a juicio, por el juez de Garantías penales, por estar involucrado en un presunto caso de enriquecimiento ilícito.

Lo que hace el señor juez es recoger la tesis de la Fiscalía General del Estado. Tenemos un caso sólido; hecho un análisis jurídico, el presidente de la Corte de Justicia, vía silogismo jurídico, ha considerado que la tesis de la Fiscalía es la acertada, dijo el fiscal del Azuay, Adrián Rojas.

Según explicó, sería cerca de un millón de dólares la sumatoria de ingresos que no tiene la justificación respectiva. Describió al menos tres escenarios en esto, 539.000 cuya procedencia no se justifica, cuando el aludido dice ser constructor; 110.043 dólares ubicados en la cuenta de sus hijos que tampoco se justifica; y 25.000 dólares, cancelados por pensión alimenticia, de los cuales igualmente no se ha demostrado de dónde se obtuvo, “E indica que estamos frente a un presunto caso de enriquecimiento ilícito”, precisó Rojas.

Recordó que es obligación de un funcionario público, presentar una declaración juramentada al inicio y al fin de la gestión, para saber cuanto tiene de patrimonio en activos y pasivos, y en cuando se ha aumentado o disminuido al final de la gestión.

Uno de los argumentos del ciudadano procesado es que dice que tenía contratos con la empresa constructora Fopeca, pero esta empresa durante el proceso indagatorio ha dicho lo contrario, que dice no tiene ninguna relación con Rubio; también ha referido que los recursos obtenidos por los múltiples contratos que supuestamente dice haber tenido, los depositaba en el Banco de Guayaquil, más al solicitar Fiscalía a la entidad bancaria esta información, la respuesta ha sido que no tiene al ciudadano Aurelio Rubio como uno de sus clientes.

MÁS DETALLES

* “El dice ser el constructor a gran escala, una empresa así tiene maquinaria pesada, camionetas, camiones, pero el señor no tiene registrado”, Adrián Rojas.

* Estos elementos ha aportado Fiscalía al juez de garantías penales, quien controla la legalidad de la instrucción fiscal, y ha concluido que la tesis está bien planteada.

* Si se cumplen los plazos que define la norma, se podría estar dar la audiencia de juicio en unos 20 días o un mes, de acuerdo a cómo se agende el caso.