Deuda pública 2012-2017 asciende a US$65.700 millones de dólares informó la Contraloría

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El contralor subrogante, Pablo Celi, anunció que el examen especial de la deuda pública del 2012 – 2017 determinó que esta asciende a US$65.700 millones de dólares, es decir el 52.54% del PIB, superando el límite de endeudamiento permitido. Sin embargo, aclaró que el informe aún no es concluyente. Su anuncio lo realizó luego de una reunión mantenida con los representantes de la veeduría ciudadana, en Quito.

Más de dos horas duró la lectura de las conclusiones y recomendaciones. Asistieron los abogados de los exfuncionarios vinculados al sector económico fiscal y petrolero. En media sesión, que esta vez fue pública, llegó Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia y actual representante legal de Correa.

Luego de la lectura, Celi citó las observaciones más relevantes del informe. Al límite de la deuda en relación con el PIB y las preventas, añadió los intentos por mantener en secreto y como reservados los documentos de la deuda, “para q la Contraloría no tenga la información”. Incluso señaló, sin nombrarlo, que la semana pasada el exministro Carlos de la Torre habría pedido 45 días más para entregar papeles.

Al mediodía concluyó la lectura del borrador. A partir de hoy corre un plazo de cinco días para que se presenten los descargos. Luego se realiza el informe definitivo y, de ser el caso, se establecen responsabilidades civiles, administrativas y penales.

Momentos antes de esta revelación, Pablo Dávalos, uno de los veedores, afirmó que la deuda superaría los US$70.000 millones de dólares. “Se ha determinado ya una cantidad que iría desde el 2012 al 2017 cercana a los US$60.000 millones de dólares. Habría que añadir a esa cantidad el último endeudamiento que corresponde a todo lo del 2017 y 2018 y estaríamos hablando a una cantidad superior a los US$70.000 millones”.

“Se han incorporado a estos procesos de deuda algunas dinámicas como, por ejemplo, las preventas petroleras, las negociaciones de oro con Goldman Sachs, los pagos que tendría que hacer el Estado ecuatoriano producto de las demandas de algunas empresas dentro de los tratados bilaterales de inversión (TBI), pagos a proveedores, créditos internos con los títulos de los valores con el Banco Central”, explicó.

Los resultados de la auditoría a la deuda adquirida por el anterior Gobierno podrían señalar responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales. “Recordemos que tenemos que pagar, como parte de la deuda pública cerca de US$10.000 millones, entonces, ese pago que tenemos que hacer sin considerar otro tipo de pagos como, por ejemplo, la deuda al IESS, es bastante”.

“Representa más o menos un 10% del PIB. Estamos pagando por servicio de amortización una cantidad muy grande que no se compadece con lo registrado como deuda consolidada. Entonces, tenemos que ver los volúmenes, independientemente de lo que diga CEPAL, FMI o Banco Mundial, el Ecuador necesita tener sus propios datos”, comentó.

Los primeros resultados provisionales identificados en el examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa se remitirán al expresidente Rafael Correa quien se desempeñó como Presidente del Comité de Deuda y Financiamiento y a los exministros titulares, subrogantes, subsecretarios de financiamiento público que se desempeñaron entre 2012 y mayo del 2017. (JPM)

Fuente: EcuadorInmediato